La reciente “ley del silencio” impuesta oficialmente y por escrito en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no solo es un retroceso democrático, sino un atropello directo a la legislación vigente. Para el Abog. Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), la Circular SGP N.º 03/2026 —firmada por el secretario general Mario Cáceres— colisiona frontalmente con la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública.
Según el análisis jurídico, la disposición de la EBY que prohíbe a funcionarios compartir documentos o hablar con la prensa es, en esencia, un acto de prepotencia administrativa que ignora que las binacionales están sujetas al control ciudadano.
Binacionales no son islas
Santagada explica que la Ley 5282 establece taxativamente que su alcance incluye a las “entidades binacionales en las que participe la República del Paraguay”. Es más, la normativa obliga a los directores paraguayos —como el caso de Cáceres, quien percibe una remuneración de más de G. 71 millones— a garantizar el ejercicio del derecho a solicitar y recibir información.
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“Toda la documentación que genera la EBY, margen derecha, está alcanzada por la definición de información pública. Ergo, mal podría constituir una falta administrativa hacerla pública”, sentenció el jurista.
Con esto, queda desmontada la amenaza de sanciones que la cúpula de la EBY, secundada por los jefes de prensa Eduardo Bado y Nancy Espínola (con salarios de más de G. 37 millones), pretende utilizar para amedrentar al funcionariado.
Uno de los puntos más polémicos de la circular de la EBY es la prohibición de enviar documentos por WhatsApp. Al respecto, Santagada aclara que la ley obliga a las fuentes públicas a asegurar el “más amplio y fácil acceso”. “Si uno solicita información pública en forma verbal y está al alcance del funcionario, este puede y debe entregarla de inmediato, inclusive por WhatsApp”, sostuvo.
Prohibir este flujo no solo es arcaico, sino que contraviene el espíritu de máxima publicidad que el gobierno de Santiago Peña dice defender en foros internacionales mientras sus directivos en Yacyretá hacen lo opuesto.
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Años de chicanas
El experto recordó que tanto la EBY como Itaipú mantienen acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de transparencia que están por cumplir 12 años sin resolución en la Corte Suprema. Sin embargo, aclaró que nunca se suspendieron los efectos de estas leyes, por lo que la obligatoriedad de rendir cuentas sigue plenamente vigente.
Para Santagada, la finalidad de la circular es evidente: generar temor para provocar autocensura. Mientras la EBY se cierra como un búnker para ocultar el uso discrecional de dinero, la ley recuerda que las instituciones no son feudos y que el derecho a saber está por encima de cualquier circular autoritaria.