Un presunto esquema para retirar cemento de manera irregular de la Industria Nacional del Cemento (INC) fue detectado recientemente por la Auditoría Interna de la empresa pública. El caso derivó en una denuncia ante el Ministerio Público y en el apartamiento de tres funcionarios del área comercial, mientras avanzan las investigaciones.
Los funcionarios involucrados son Audrey Barreto, Jorge Delgado y Abdón Alcaraz, todos pertenecientes al área comercial de la cementera estatal, según confirmó el presidente de la INC, Gerardo Guerrero, quien resaltó que la irregularidad fue detectada durante un control aleatorio realizado por la Auditoría General Interna.
De acuerdo con los primeros indicios, el mecanismo consistiría en la reimpresión de órdenes de entrega, un documento interno que utilizan los clientes para retirar las bolsas de cemento adquiridas. Estas reimpresiones, que están prohibidas salvo autorización expresa del gerente comercial, habrían sido utilizadas para retirar nuevamente productos utilizando documentos ya emitidos.
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Funcionario destituido culpa a su exjefa de usar su usuario
El ahora exfuncionario de la INC Abdón Alcaraz, quien fue desvinculado de la institución tras detectarse el caso, fue el único que habló con este diario y aseguró que no tuvo participación en el hecho. Sostuvo que su usuario habría sido utilizado por una de sus superiores para realizar la reimpresión de la orden de entrega.
Alcaraz explicó que se desempeñaba como facturador y que su función era emitir justamente las órdenes de entrega para los clientes que adquirían cemento. Según relató, se enteró de la situación un día antes de su desvinculación de la empresa.
“El 12 de enero se hizo la reimpresión de una orden de entrega correspondiente a una venta realizada en octubre del año pasado. Al día siguiente, el 13 de enero, se retiró nuevamente la carga en la planta de Villeta”, señaló.
Según su versión, la reimpresión se realizó desde su computadora utilizando su usuario del sistema, pero aseguró que no fue él quien ejecutó la operación.
Alcaraz responsabilizó directamente a Audrey Barreto, a quien identificó como una de sus jefas dentro del área comercial. Afirmó que la funcionaria solía utilizar su computadora y su acceso al sistema.
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“Ella se iba a mi oficina y me pedía usar mi sistema con mi usuario. Yo le daba confianza porque era una de mis jefas”, relató.
El ahora exfuncionario sostuvo además que la orden de entrega reimpresa no tenía su firma, lo que —según dijo— demostraría que él no participó del procedimiento irregular.
“Las órdenes que yo emitía llevan mi firma y el sello de facturación. Esa reimpresión no tenía mi firma y tenía un sello antiguo que ya no se usaba”, aseguró.
¿Cuánto cemento sacaron de forma irregular?
Consultado sobre la cantidad de cemento retirado mediante este mecanismo, indicó que se trató de una carga de 640 bolsas.
“Era un cliente que ya había comprado varias cargas en octubre. Esa orden se reimprimió el 12 de enero y al día siguiente se retiró nuevamente la carga en Villeta”, afirmó.
Respecto al rol de Jorge Delgado, otro de los funcionarios investigados, Alcaraz indicó que se desempeñaba como vendedor y era quien mantenía contacto directo con los clientes, aunque dijo desconocer si tuvo participación en el hecho.
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El exfuncionario también relató que el presidente de la INC, Gerardo Guerrero, mantuvo una reunión con los tres involucrados cuando se detectó la irregularidad, ocasión en la que les informó que se iniciaría una investigación para esclarecer lo ocurrido.
“Nos dijo que se iba a investigar a fondo y que se iba a llegar hasta el final para saber qué pasó realmente”, comentó.
Alcaraz señaló que trabajó durante un año y cuatro meses en la INC bajo la modalidad de contratado, por lo que fue desvinculado tras detectarse el caso.
Habría más casos
El presidente de la INC también ya adelantó que existe la presunción de que el mecanismo podría haberse utilizado en otros casos, por lo que la auditoría interna sigue revisando operaciones anteriores.
Mientras tanto, las autoridades de INC denunciaron el hecho al Ministerio Público para determinar responsabilidades en el presunto esquema que habría permitido el retiro irregular de cemento de la estatal.