Empresarios del sector de los combustibles están conformes con las modificaciones aplicadas por el Senado el jueves último al proyecto de ley del uso obligatorio del biodiésel en todos los tipos de diésel, porque según lo explicado, la redacción original era la copia de una norma argentina que iba a beneficiar solo a las empresas del país vecino.
Los cambios más importantes introducidos al proyecto por la Cámara de Senadores es el recorte de la mezcla del biodiésel del 15% al 5%, la prohibición de la importación del biodiésel, la eliminación de cupos, inclusión de todos los tipos de biodiésel y eliminación de la fijación de precios y márgenes por parte del Estado.
Con estas modificaciones aplicadas al “proyecto argentino”, según los empresarios paraguayos, se protegerá a las empresas nacionales así como a los consumidores, porque no se encarecerá el combustible y se evitarán daños a vehículos y maquinarias que no toleran una mezcla mayor al 5%.
Vicente San Martín, gerente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), si bien todavía no había accedido al texto modificado, dijo que el proyecto de ley aprobado en Diputados hubiera ocasionado “un perjuicio enorme” para nuestro país. “Era una mala copia de una ley de Argentina, que fue impulsada por empresarios argentinos, para beneficio de sus empresas en Argentina”, señaló a ayer ABC.
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“Es una ley de subsidios y privilegios que las propias autoridades actuales de Argentina ya no quieren mantener y en una acción retrógrada, se pretende imponer en nuestro país”, señaló.
Esta misma postura mantiene Guillermo Parra, gerente de las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), quien espera que los diputados acepten las modificaciones introducidas en Senado y no insistan en el proyecto que aprobaron el 3 de abril último. “Como dos horas debatieron el tema los senadores. Allí se notó la idea clara que tenían sobre lo perjudicial que será para la economía del país el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados”, acotó Parra.
Cree que la postura asumida por los senadores se debe a las explicaciones técnicas que habían dado la ministra de Industria, Liz Cramer, y el viceministro de Economía, Humberto Colmán, cuando comparecieron ante las diferentes comisiones de la Cámara Alta, que lograron contrarrestar el “fuerte lobbi de los argentinos ante los Diputados”, dijo el gerente de Dicapar. Francisco Jauregui, uno de los lobbistas, fue fotografiado frente al Congreso en una de sus visitas a los diputados Arnaldo Samaniego y Carlos Núñez Salinas.
Los diputados pueden ahora aceptar el proyecto modificado o ratificarse en su proyecto original, con mayoría absoluta.