En apenas dos días (lunes y martes) de audiencia en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 y las solicitudes para incrementar el gasto público llueven.
Los aumentos se relacionan principalmente con subas salariales, creaciones de cargos, bonificaciones, gratificaciones, viáticos y otros gastos, olvidando el pacto de austeridad de los poderes del Estado, la caída de la recaudación impositiva en unos US$ 230 millones y la recesión económica que golpea en el sector privado.
La Corte Suprema, por medio de su presidente Eugenio Jiménez Rolón, insistió en la víspera ante la Comisión Bicameral en la aprobación del proyecto de presupuesto que habían presentado al Congreso a finales de agosto.
El referido proyecto asciende a más de G. 1,6 billones (US$ 264,3 millones), que implica un aumento de G. 258.208 millones (US$ 41,6 millones), equivalente a un 19% más que el presupuesto vigente. Sin embargo, si se compara con el proyecto de presupuesto remitido por el Ejecutivo el aumento representa G. 382.369 millones (US$ 61,6 millones), equivalente al 30,4%.
Rolón defendió los aumentos pretendidos de 20% para los más de 11.000 funcionarios, la creación de 507 cargos y el aumento de bonificaciones, gratificaciones, seguro médico y otros beneficios para el personal, argumentando que hace siete años que el personal no tiene un reajuste y que ir al supermercado resulta más caro ahora.
Algunos parlamentarios, como el diputado Édgar Acosta, y los senadores Amado Florentín y Zulma Gómez, criticaron el pedido de mayor presupuesto, atendiendo que no existen recursos, que deben ajustarse a la realidad y el país está en una recesión económica, como lo viene advirtiendo el ministro de Hacienda, Benigno López.
Luego expuso ante la bicameral la titular del Ministerio de la Defensa Pública, Lorena Segovia, quien también hizo hincapié en la necesidad de contar con más recursos presupuestarios para el próximo año.
Pidió a los legisladores la reposición de G. 11.900 millones (US$ 1,9 millones) recortados e incluir una adenda de G. 41.200 millones (US$ 6,6 millones) para mayores gastos, entre ellos aumentar bonificaciones y gratificaciones por título y antigüedad, de tal modo a ir equiparando estos beneficios con los que tienen en el Ministerio Público; también crear un cargo de defensor adjunto.