–¿Hay que prepararse para revisar solo el Anexo C, o también para la renegociación del Tratado?
–Mi postura es que tenemos que presentar el “paquete completo”. En mi opinión, no tenemos que pensar solamente en el Anexo C, que estipula su propia revisión a los 50 años de vigencia en el año 2023, sino también en la renegociación de todo el Tratado, que incluye sus demás anexos (A y B).
–¿Cuáles serían los puntos a modificar del Tratado?
–Por ejemplo, el Art. XIII, si uno lo lee detenidamente es el que efectivamente no nos permite incursionar en la venta de energía de Itaipú, ya sea al mercado brasileño como a otros mercados de la región, aunque algunos abogados dicen que es una cuestión de interpretación.
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–¿Aunque establezca que la ANDE y la Eletrobras pueden designar a terceras empresas?
–Eso se refiere a la distribución de la energía en el sistema eléctrico propio de cada país. Por ejemplo, la ANDE podría designar a Clyfsa o a otra distribuidora existente en Paraguay para que compre directamente a Itaipú y lo venda en el mercado local, mientras que el excedente (lo que no llegamos a usar) solo se puede ceder a Brasil. Hay otros artículos en el Tratado que se refieren a liberación impositiva, que no son tan claros y permiten, de hecho, un manejo no adecuado, pero de eso ni siquiera se habla.
–Hablando de tarifas, ¿qué propondría hacer con ellas, ya caer fuertemente entre 2021-22, por efecto de la cancelación de la deuda?
–Yo soy de la teoría de que debería mantenerse en los valores actuales. A lo sumo bajar un poco, no mucho. Si uno investiga los valores que se manejan en la región, excepto Venezuela, los nuestros son realmente muy competitivos. En la Argentina anteriormente las tarifas de energía eléctrica estaban más bajas, debido a que el gobierno de Cristina Fernández venía subsidiando casi todo, pero cuando entró (Mauricio) Macri, algunas tarifas registraron subas de hasta 1.000%, y fue cuando se armó el desbarajuste total.
–¿Qué acciones concretas hay que ir tomando sobre el tema tarifa?
–Como la cesión de energía va a ir reduciéndose anualmente, habría que hacer una transición para los próximos 10 años, por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de fondos para los municipios (Fonacide), y que estos sean autosustentables; es decir, que no sigan dependiendo de estos recursos que se van a agotar.
–¿Cuáles serían los plazos que habría que manejar con cuidado para que lleguemos bien en las negociaciones?
–Básicamente, a mediados del año que viene ya deberíamos tener cerrada internamente la propuesta a ser presentada a nuestros socios brasileños. En el segundo semestre del mismo año (2020) los representantes de ambos gobiernos tendrían bajar sobre la mesa las propuestas y avanzar en las negociaciones, de manera a concluirlas a fines del año próximo.
De esta forma tendremos todo el tiempo necesario como para el tratamiento parlamentario (vía notas reversales) de los acuerdos a que lleguemos. Suponiendo que los proyectos ingresen al Congreso en febrero del 2021, la idea sean aprobados para el primer semestre de ese año, de modo a entrar en vigencia lo negociado y acordado en el 2022, porque cuando se hagan las contrataciones de potencias de las partes en el 2021, ya van a ser bajo las nuevas reglas del juego, y con las tarifas definidas. Esto también teniendo en cuenta que en el 2022 el servicio de la deuda de Itaipú cae de un poco más de US$ 2.000 millones a US$ 1.400 millones, aproximadamente. Por otro lado, si bien la deuda debe cancelarse en febrero del 2023, también se puede anticipar un año antes, porque el saldo ya será exiguo.