Los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) podrán quedarse con la mitad de la millonaria multa que la institución aplicará a la familia del exsenador colorado Óscar González Daher. Eso, valiéndose de leyes hechas y modificadas a medida para la repartija y que hace tiempo debieron ser modificadas, según se desprende de los varios intentos de los últimos años de anular esa distribución.
En conversación con ABC Cardinal, Orué reconfirmó ayer la existencia de la fiscalización a las cuentas de la familia González Daher. En particular, la investigación giraría en torno al dirigente deportivo Ramón González Daher, hermano del exsenador colorado. Comentó que a causa del secreto en las actuaciones no puede dar a conocer cuánto es el monto que evadió la familia del exsenador, tampoco la multa que se le aplicará, debido a que el proceso de fiscalización todavía no terminó.
Lo que sí pudo confirmar es que la mitad de la multa que eventualmente se cobre a los González Daher se repartirá entre los funcionarios y jefes de departamentos, como lo dispone una ley.
Aunque no dio montos, ya trascendió que la multa por evasión sería de entre US$ 20 millones y US$ 25 millones. Por ende, la “repartija” entre los funcionarios sería de entre US$ 10 millones y US$ 12 millones.
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Se amparan en la ley
El viceministro se defendió diciendo que la distribución de las multas está establecida en el artículo 239 de la ley 125/91 y en la ley 2.421/2004 que la modificó.
Al menos cuatro proyectos de ley que fueron presentados para modificar esas leyes y redireccionar las multas al Presupuesto General duermen en los archivos del Congreso.
Denuncia de otros
Llamativamente, el artículo citado por Orué establece que los que pueden recibir una parte de las multas cobradas son los denunciantes que alertan sobre los casos de evasión. En el caso particular del clan González Daher, el millonario movimiento irregular de dinero no fue descubierto por la SET, sino que la fiscalización fue abierta como consecuencia de investigaciones realizadas por la Seprelad y la Fiscalía.
El viceministro, sin embargo, dijo que no importa quién realizó el descubrimiento ya que mediante la fiscalización se confirmó la evasión.
Taxativamente, el artículo 239 de la ley 125/91 señala que los “actuantes”, es decir los funcionarios de la administración tributaria encargados de la fiscalización, no pueden ser considerados denunciantes. Pero Orué alegó que ese artículo fue modificado por la ley 2.421 de 2004, donde se establece que las multas pueden ser repartidas también entre los actuantes y se elevó del 30% original al 50%.
ABC quiso consultar a Ramón González Daher su opinión sobre el tema, pero no respondió su teléfono.
Insistirán con derogación
Fuentes de la Cámara de Diputados señalaron a ABC que se encuentra en estudio un nuevo proyecto para derogar los artículos que establecen la distribución de las multas entre los funcionarios de la administración tributaria. En el Gobierno de Horacio Cartes fueron archivados varios planes que tenían aquel mismo fin.