Esta es la segunda protesta de su tipo en el mismo proceso. La primera la hizo en abril el consorcio Control Bioceánico (Consultora CIA SA-Typsa SA), luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicara a la Consultora Nippon. Esa vez, la DNCP dispuso retrotraer el proceso a la etapa de evaluación. Luego, el MOPC adjudicó al Consorcio R&Q-CG SA (R&Q Ingeniería SA y Consultora Guaraní), hecho por el que ahora protesta la citada consultora.
Miranda refirió en su denuncia que no podría ser adjudicado el consorcio R&Q-CG SA dado que este “había obtenido un puntaje menor”. “Analizando el primer informe de evaluación del MOPC, encontramos que el Consorcio R&Q-CG obtuvo en la primera evaluación 80,90 puntos. Sin embargo, sorpresivamente en la nueva reevaluación obtuvo un puntaje de 91,80; 10,9 puntos más en comparación con la primera evaluación, lo que en forma combinada con el monto ofertado por el mismo, hacía que obtuviera ‘ajustadamente’ un puntaje superior a mi representada como para ser adjudicada”, sostuvo.
“La reevaluación del Segundo Comité Evaluador es cuestionable y ha incurrido en infracciones que violan los principios fundamentales exigidos y establecidos por la Constitución y las leyes de Contrataciones Públicas”, dijo.
La DNCP debe expedirse aún sobre esta protesta.
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La construcción de la Ruta Bioceánica comenzó en agosto último, a cargo del consorcio de Queiroz Galvão SA-Ocho A, por US$ 421 millones. Hasta hoy, la fiscalización se ha hecho con técnicos del MOPC.