El presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), abogado Diego Torales, participó de la reunión del pasado martes en la Reserva Morombí con los senadores Blas Lanzoni y Juan Afara de la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional.
“Esto que vimos –tras la presentación de diversos organismos– es la realidad, plantaciones de marihuana en hermosos bosques nativos, una práctica que tenemos en Morombí, acá cerquita en Pindó, propiedad de la familia Bendlin, en la agroganadera Tajy Guazú y en otras propiedades”, manifestó el directivo de la Rural.
Añadió que lastimosamente no participó de la reunión ningún representante del Ministerio Público. “Están sí las Fuerzas del Orden (unidad antinarcóticos de la Policía Nacional) a quienes también tenemos que agradecer el trabajo que hacen, pero lamentablemente los impulsores del proceso de desalojo de los invasores no están”, expresó.
“Prometo hacerle llegar, una vez más, a la fiscala general del Estado –Sandra Quiñónez–, la preocupación tanto de la Rural como de diversos sectores de la sociedad que reclaman que su gente está generando este tipo de problemas, y que (si no cumplen bien su trabajo) terminen procesados”, enfatizó el representante de la Rural.
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Fiscal adjunto
Torales insistió en que, para el caso de la Reserva Natural Morombí, por ejemplo, la excesiva demora en la aplicación de las leyes y la dilación en los procedimientos de desalojo, son responsabilidad exclusiva del fiscal adjunto del Alto Paraná Édgar Moreno.
El agente del Ministerio Público, lejos de agilizar los trámites, habiéndose desechado ya incluso el “protocolo” para procedimientos de desalojo a fin de evitar el arraigo de los invasores dentro de las propiedades privadas, lo único que ha hecho hasta ahora es prolongar al máximo la estadía de los facinerosos dentro de la reserva con las consecuencias que están a la vista, casi 3.000 hectáreas de bosques nativos deforestadas.
Suspicacia
La supuesta negligencia del fiscal Moreno, al demorar en exceso el procedimiento dentro de la reserva Morombí, se presta incluso a suspicacias. “Los montos de dinero que se manejan en el rollotráfico, así como en la comercialización de carbón y ni qué decir en el cultivo de la marihuana, son exageradamente altos por lo que un día de más que los criminales se mantengan dentro de la reserva es altamente rentable para todos los que participan de esa mafia”, sostuvo el abogado de la ARP.
Varios millones
Para tener una idea, durante el último procedimiento del Instituto Forestal Nacional (Infona) hace unos meses, se realizó una histórica incautación de cerca de 400 rollos de árboles nativos provenientes (casi en un 100%) de la reserva Morombí, los cuales podrían generar, una vez procesados, aproximadamente unos G. 1.600 millones. De ahí la dificultad de combatir este flagelo que mueve miles de millones y donde los delincuentes no escatiman para “aceitar” donde sea con tal de lograr sus objetivos.