El autor del embargo es un ciudadano pedrojuanino de nombre Rodrigo Alvarenga Paredes y apunta a Copaco con la intención de recibir parte de los desembolsos que esta prevé realizar para Bullers. El monto del embargo supera los G. 6.000 millones, según las informaciones a las que accedió nuestro diario. Pero no es la primera vez que la empresa del Estado recibe un embargo contra la empresa de Chamorro. Antes ya recibió otros dos por parte de dos ciudadanos distintos: Uno por G. 168 millones y otro por G. 120 millones. Los documentos que ABC tuvo a la vista indican que Bullers SA está incluso inhabilitada para operar en el sistema bancario.

Y esta compañía con todos estos procesos es la que tiene varios contratos en ejecución con la Copaco. Algunos están con retraso de más de tres meses en provisión de servicio. Uno de los contratos, de G. 17.749 millones, contempla la instalación de puertos Gpon en diez centrales telefónicas. En agosto último debió tener equipadas por lo menos cinco centrales, según los plazos contractuales, pero ni una ha terminado.

Bullers SA fue beneficiada también con la tercerización del servicio de instalación, operación, mantenimiento y venta de red óptica Gpon para Internet y televisión por Internet (IPTV) en el Paraná Country Club por un monto mínimo de G. 558 millones y máximo de G. 4.420 millones. Técnicos de la Compañía informaron que en 20 meses del inicio del contrato (de 66 meses de duración), apenas hay seis usuarios de Gpon en la zona. Estos clientes significan solo un ingreso de G. 1.611.000 al mes a la telefónica. Mientras que el desembolso a la empresa Chamorro, solo para iniciar los trabajos, fue por más de G. 220 millones.

Chamorro Lafarja tenía otras empresas facturando con la Copaco. Una, Security Service Tecnology SA, prestaba servicio de seguridad y vigilancia por US$ 4,5 millones, en tanto que otra, CG Tec, es proveedora de tecnología. ABC viene publicando sobre anomalías en Copaco, pero su titular, Sante Vallese, no nos ha dado su versión.