El presidente del referido gremio empresarial, Carlos Jorge Biedermann, fue categórico al señalar que el malgasto público nos lleva a esta situación de déficit, por lo que de ninguna manera se justificará ampliar el tope para pagar más salarios o aumentar los gastos innecesarios del Estado.
El Gobierno solicitó el último viernes al Congreso autorización para aplicar las excepciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que, de esa manera, le permitan superar el limite de 1,5% del PIB (US$ 600 millones).
La ley permite cerrar con un saldo rojo de hasta 3% del PIB (US$ 1.200 millones), pero el ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó que la idea es llegar a 2,5% (US$ 1.000 millones) para mantener el ritmo de las inversiones públicas y garantizar un mejor 2020.
Se venía advirtiendo
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Biedermann indicó que esta situación es lo que venían temiendo y advirtiendo desde hace muchísimo tiempo acerca de la necesidad de mejorar el gasto público, ordenar la casa y dar prioridad a los temas económicos, “pero no quisieron escuchar”.
El empresario reconoció el gran esfuerzo del Ministro de Hacienda de tratar de mantener un presupuesto acotado a la realidad de la situación y la posibilidad de ingresos, también el dictamen la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, pero insistió en que solo estarían de acuerdo con elevar el déficit “única, exclusiva y responsablemente para inversiones en infraestructura que puedan ayudar a sobrellevar el momento económico y también realizar las obras que son imprescindibles para ser productivos y competitivos.
“No podemos seguir sin rutas y caminos, sin puentes, con escuelas y hospitales que se caen a pedazos, sin alcantarillado y tratamiento de agua, con problemas de provisión de energía, entre otras necesidades”, expresó Biedermann.
El ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró que el Estado tiene el financiamiento requerido y que no necesitará recurrir a nuevas deudas para llevar adelante las obras programadas y, en ese contexto, insistió en que el déficit se da exclusivamente por las inversiones en obras y debido a la fuerte caída de los ingresos tributarios, que se estima llegará a fin de año a US$ 300 millones con relación a lo que se había estimado obtener.
Este año será el octavo consecutivo que las finanzas públicas terminarán con déficit fiscal y desde que se puso en vigencia la ley de Responsabilidad Fiscal, cerrará en el nivel más alto.
El último superávit que logró la administración central fue en 2011, equivalente a 0,7% del PIB, según las estadísticas de Hacienda.