Es posible que la renuncia tenga que ver con anomalías en Copaco. Por ejemplo, hace un par de semanas se publicó que la estatal debía rescindir un contrato con Bullers SA, propiedad de Óscar Chamorro Lafarja, por incumplimiento, y no lo hizo. La citada firma tenía que equipar diez centrales telefónicas con la red óptica Gpon. En agosto debía tener listas cinco de las 10 centrales. Se supo que Bullers solicitó la ampliación de los plazos. El retraso de la firma supera los tres meses.

Para iniciar los trabajos había percibido de Copaco G. 200 millones en concepto de adelanto de los G. 17.794 millones previstos en el contrato. Bullers tiene un embargo por valor de G. 6.500 millones que promovió en su contra un tal Rodrigo Alvarenga Paredes. La Copaco se negó a proveer a nuestro diario de los detalles del caso con el argumento de que es de “carácter privado”.

Contrataciones abrió una investigación en torno al retraso. La resolución que puede adoptar es la aplicación de amonestación por incumplimiento, según el titular del ente, Pablo Seitz.