El plan de derogar los artículos 9° y 10° de la Ley 5476/2015 es con el fin de establecer topes más acordes al mercado y que le permita a las entidades financieras tener más holgura para captar clientes de segmentos de ingresos más bajos, que fueron excluidos con estos cambios en las reglas del negocio del plástico, detalló ayer el diputado Carlos Núñez (ANR) durante la presentación de un plan de reactivación económica.

Actualmente, la tasa tope para tarjetas es cercano al 15%, mientras que el límite para tasas usurarias de los demás productos financieros llega al 37,54%.

El legislador detalló que en cuatro años de vigencia de la cuestionada legislación se ha registrado una pérdida de casi G. 433.000 millones de potenciales financiamientos que dejaron de realizarse y que migraron a sectores no regulados y con altisimas tasas.

“Se perdió la tendencia de crecimiento que favorecía a la formalización de la actividad financiera y la inclusión de segmentos de menores ingresos”, indicó Núñez, que lidera la Comisión Especial de Economía.

Los comercios reportaron pérdidas de ingresos por más de US$ 1.423 millones, equivalente al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los datos recogidos por la comisión que se reunió con distintos segmentos de la economía a fin de elaborar un plan de acción para fomentar la reactivación en el corto, mediano y largo plazo (ver infografía). El legislador mencionó además que la propia Constitución Nacional garantiza la libre competencia en el mercado.

Núñez sostiene que la modificación de estas restricciones fomentará la inclusión financiera, lo que también repercutirá en un crecimiento financiero y comercial.

Reestructuración de deudas

Otro de los temas en agenda de prioridad, que se buscará dar curso en el corto plazo, es un plan para refinanciación de deudas (hasta G. 40 millones) a través del BNF. Para ello se pretende crea una Ley de fomento al pago de deudas, atendiendo al elevado endeudamiento que afecta tanto a empleados del sector privado como a funcionarios públicos.

Según informó la comisión, más del 30% de los funcionarios públicos tienen deudas con el sector privado (aproximadamente 100.000 personas), de las cuales 40.000 se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y están imposibilitados de cumplir con sus compromisos financieros.