La nueva administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a cargo de Mario Alfredo Vega, al parecer comenzó a mostrar su verdadero rostro. En la última sesión de la Junta Asesora y de Control de Gestión, el pasado viernes, se aprobaron varios puntos que invitan al despilfarro del presupuesto del ente agrario, dirigido exclusivamente a las ONG, antes que termine este año.
Si bien intentamos tener una copia del Acta de Sesión por la vía oficial, la secretaria de la Junta, Abog. Sonia Rolón Zarza, jamás respondió nuestros llamados ni los mensajes de WhatsApp, lo que indica una falta de transparencia hacia lo resuelto en dicha reunión. Aun así, nuestro diario tuvo acceso a lo tratado y aprobado en la Junta. Según las fuentes, todos los puntos establecidos en el orden del día fueron aprobados por mayoría, con votos en contra de los representantes de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
En primer lugar se trató, y con mucha discusión, el “Proyecto de Reglamento” que establece normas y procedimientos, para el desembolso, destino y rendición de cuentas por parte de las entidades beneficiarias de las transferencias del Indert (léase las ONG) para la ejecución de proyectos del área de Fides, cuyo director es Eriberto Florentín.
Dicho reglamento, según versiones de nuestras fuentes, lo que hace es eludir los procesos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, de control y fiscalización; vale decir que de un plumazo aprueban un “reglamento” que viola expresas disposiciones establecidas para un mejor uso de recursos.
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El punto dos y no menos discutido fue la aprobación del “Borrador de Convenio Marco”, en el que se cambió la modalidad de desembolsos pasando del 60%-40%, al 100% de transferencias a las ONG antes incluso del inicio de las obras.
Se presume que este cambio de modalidad tiene como propósito real liquidar todo el presupuesto del Indert antes de que termine el año y fundamentalmente los G. 9.000 millones que supuestamente tenían que ser para el pago de tierras ya expropiadas pero que esta administración habría redireccionado para financiar nuevas perforaciones de pozos.
Recordemos que el Indert ya desembolsó este año otros G. 10.000 millones para lo mismo, perforar pozos hechos a través de varias ONG que fueron seriamente cuestionadas en administraciones anteriores (ver cuadro). Hasta ahora existen graves indicios de anomalías en la presentación de supuestas pólizas de seguro fraudulentas que no pueden ser ejecutadas por Indert y representan, más que un perjuicio, un presunto hecho de estafa en contra del Estado paraguayo a través de las ONG.
Todos los demás temas tratados por la Junta fueron para proyectos agroproductivos y de seguridad alimentaria. En ningún momento se trataron temas que hacen a la problemática real de las tierras en el país, como ser la titulación de propiedades ya en manos de familias campesinas, previo pago por los inmuebles expropiados.
Los miembros de la Junta Asesora
Los miembros de la Junta Asesora del Indert que aprobaron los polémicos cambios para el pago a las ONG son: el presidente de la entidad agraria Mario Alfredo Vega; el representante del Ministerio de Hacienda, Erico Ibáñez; y el representante de las Organizaciones Campesinas, Angel Giménez López.
Votaron en contra el representante de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Herminio Medina Ortiz; y el representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Diego Torales Oviedo.