Ernesto Figueredo, titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), detalló ayer a ABC que la nueva ley tributaria (Ley 6380/2019 que regirá desde enero próximo) prevé un blindaje sobre los recursos adicionales que se generen en la recaudación gracias a esos cambios. Sin embargo, ahora hay un temor de que se rompa ese blindaje, ante la necesidad de cubrir gastos incorporados en el PGN 2020 por parte de Diputados.
Si bien estos cambios ratificados por la Cámara Baja contemplan una supuesta reestructuración interna (ver gráfico), la falta de la reglamentación de la Ley 6380 expone a que los recursos provenientes de la reforma financien otros rubros que no sean precisamente para inversión. “Todo indica que este mayor esfuerzo de los contribuyentes va a ir a parar a gastos corrientes”, dijo el empresario.
Si bien la nueva legislación tributaria establece en uno de sus artículos que los ingresos adicionales no podrán ir a gastos corrientes, al momento no se ha reglamentado el mecanismo de como se aplicará en la práctica.
El empresario lamentó que nuevamente el presupuesto público sea manoseado y que no se tengan en cuenta las necesidades reales de la gente. “Con lo ratificado por la Cámara Baja, realmente es una muestra más de que nuestros diputados están ausentes de lo que el país y su gente necesita”, expresó.
Dijo que además hay un reclamo ciudadano generalizado por el manejo deficiente del gasto público, más aún considerando que actualmente el salario promedio en el sector público casi duplica al sector privado.
“Desde la CNCSP hacemos un llamado a la cordura a los congresistas sobre el tratamiento del presupuesto. Que cumplan con su función y escuchen los reclamos de la ciudadanía, para no llegar a explosiones sociales como se están dando en países vecinos”, advirtió Figueredo.
El PGN 2020 tendrá otra vuelta en Senado, donde se espera revertir estos gastos no previstos (por unos US$ 45 millones). También existen otros mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo para frenar iniciativas que no puedan financiarse y que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica, como es el veto parcial o total.
Más compromisos rígidos
La Cámara de Diputados se ratificó íntegramente en su versión inicial sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 que asciende a G. 86,3 billones (US$ 13.525 millones), levemente superior a los G. 86,2 billones (US$ 13.520 millones) planteado por el Ejecutivo.
Con esto se incluye el pago del 16% de suba salarial para docentes del MEC desde abril (el Senado había aprobado desde julio), con un costo adicional de G. 178.000 millones (US$ 28 millones). También se mantuvo a favor del incremento del 7,3% para funcionarios de la ANDE, aumentos para directores de contraloría, funcionarios del Crédito Agrícola, etc.