Desde el Movimiento Resistencia Contable del Paraguay cuestionaron que los recientes cambios en la normativa de sociedades no fueron socializados debidamente con todos los agentes involucrados, generando confusión sobre los plazos establecidos en la norma.
Para peor, la actividad en la Dirección General del Registro Público (DGRP) fue afectada por una huelga en semanas previas al vencimiento (la medida de fuerza fue del 11 de noviembre al 1 de diciembre, y el trámite sin multa es solo hasta este martes 10). La huelga retrasó aún más el procedimiento de registro de solicitudes de modificación de estatutos.
Además, el vencimiento inicial se había fijado para el 10 de octubre pasado, y la Abogacía del Tesoro (que debe dictaminar sobre el pedido de cambio de cada SA) comunicó la suspensión de ese plazo recién el 5 de diciembre pasado, se quejó la Lic. Lilian Torres, de Resistencia Contable, quien lamentó que estos cambios no se hayan socializado debidamente, que no se hicieran capacitaciones para informar adecuadamente sobre las implicancias de la nueva ley a nivel país, sobre todo para las pequeñas sociedades.
Con el retraso por la huelga en la DGRP y por limitaciones propias de la Abogacía del Tesoro para responder a los pedidos, Torres cree que no dará el tiempo (quedan apenas 48 horas) a las miles de sociedades que aún no iniciaron el trámite de solicitud electrónica de modificación de estatutos.
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Los inconvenientes con el sistema fueron constantes en estos meses, lo que hizo más lento el procedimiento, aunque desde la Abogacía aseguraron que se tomaron las precauciones para prever estos riesgos.
El canje de acciones al portador por nominativas aumentó considerablemente en el segundo semestre del año, aunque todavía hay muchas SA que ni siquiera iniciaron la solicitud electrónica pese a haberse flexibilizado el plazo. Se esperaba que este fin de semana puedan ingresar los pedidos que aún faltan, si es que el sistema no colapsa.
Si completan al menos este primer paso en plazo, es decir antes del martes próximo, los accionistas de las SA evitarán multas que van de 50 a 100 jornales mínimos (G. 4.216.950 a 8.433.900). Se estima que en el país operan unas 11.000 empresas bajo el régimen de SA.