El reclamo del Estado es porque la mujer recibió supuestamente en forma indebida la pensión alimentaria como persona adulta mayor en situación de pobreza, porque es asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS).

Debido a su enfermedad y falta de recursos, una vecina la llevó a su casa para trabajos domésticos y la aseguró en IPS para que pueda costear su tratamiento y luego la Municipalidad la incluyó en la lista de beneficiaria para la pensión de la tercera edad en noviembre de 2017.

La mujer llegó a cobrar los primeros meses la suma de G. 490.000 y luego subió a G. 510.000, pero solo llegó a percibir por seis meses, porque Hacienda cuestionó que la mujer tenga seguro como doméstica. La Dirección de Pensiones solicitó a la beneficiaria renunciar a su seguro de IPS si quería seguir con la pensión y como no tenía ningún ingreso presentó su renuncia a la previsional, pero grande fue su sorpresa que también le cortaron el aporte alimentario.

Y el jueves recibió la notificación en donde Hacienda le intima a devolver la plata recibida por seis meses en un plazo de 10 días y en caso de no hacerlo será denunciada ante la fiscalía.

Desde el Ministerio reconocieron que existe la citada notificación por un supuesto cobro indebido de G 4.499.742. Indicaron que lastimosamente el fisco tiene que cumplir la ley, ya que ella (la señora María Esperanza) firmó un documento, una declaración jurada en donde dice que no recibe ningún ingreso y se constató que ella está como cotizante de IPS porque tiene un empleo, y ahí sería una estafa en el plano jurídico.

Indicaron también que el Ministerio de Hacienda busca una salida amistosa con el pago fraccionado y si no puede pagar deberá justificar en el plano judicial.