A principios de noviembre último, el administrador judicial, José Luis Vinader, vendió certificados ambientales a empresas privadas por valor de unos G. 2.000 millones. No quiso proporcionar los nombres de las compradoras. También se negó a mencionar los montos abonados ni la cantidad de personas beneficiadas en ese primer pago. Comentó que está preparando otra serie de pagos esta semana. Si tomamos los 2.000 millones de guaraníes y los dividimos por los 570 exobreros, encontramos que unos G. 3.508.881 correspondería a cada persona.
Emanuel Ayala, uno de los sindicalistas, señaló ayer a nuestro diario que seguirán las manifestaciones hasta que el Gobierno solucione el problema de fondo. Ayer cerraron la Av. Mcal. López de manera intermitente.
Acepar dejó de operar en enero del año pasado, luego de que la firma brasileña Vetorial SA se largara dejando un tendal de “clavos”. Dejó deudas a proveedores de materiales, por consumo de energía eléctrica a la ANDE y por impuestos al Ministerio de Hacienda.
A mediados de 2018, se firmó contrato de arrendamiento con la empresa china HCME, que finalmente no prosperó porque la firma no cumplió las inversiones, alegando problemas por la falta de relaciones diplomáticas.
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