El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó ayer, a través de un comunicado, que notificó a la empresa portuguesa Mota Engil, encargada de la construcción del Metrobús, sobre el rechazo de todos los reclamos exigidos por la empresa y que implicaban unos US$ 18 millones por supuestos incumplimientos del contrato, adicionales a los US$ 23 millones que, de hecho, la empresa ya se había embolsado sin que se termine ni una cuadra del metrobús.
La cartera de Estado cuenta con el aval del dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR), que recomendó rechazar los reclamos por considerarlos extemporáneos.
“Según el contrato suscrito entre el MOPC y Mota Engil, la notificación extemporánea de un evento o circunstancia que genere un reclamo hace caducar el derecho y exonera de responsabilidad al MOPC”, indica el informe de la cartera.
El dictamen de la PGR Nº 309/19, remitido el pasado jueves al MOPC, rechaza las peticiones de la contratista del fallido metrobús y concluye: “No corresponde ni pago adicional alguno ni extensión de plazos contractuales reclamados por Mota Engil”. El documento también señala que concluyó sin éxito la etapa en la que se buscó un acuerdo entre las partes.
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Consultado cuál es el siguiente paso, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, respondió a ABC: “Veremos cuál es la respuesta o reacción de ellos”.
No termina aquí
Al respecto, João Figueiredo, representante de la firma Mota Engil, dijo a ABC Color ayer que responderán “en tiempo y forma” sobre la notificación del MOPC. Consultado acerca de si con esto se termina el caso, indicó: “Usted tiene mejor conocimiento sobre lo que pasó en el proyecto para saber que no”, dejando entrever que probablemente empezarían acciones judiciales.
Como no se llegó a un acuerdo entre las partes, el caso ahora podría llevarse a arbitraje internacional. Uno de los puntos que reclamaba Mota Engil es la falta de liberación de la franja, pero aun así no terminó la obra, ejecutó trabajos de forma irregular y hasta impidió el acceso a la fiscalizadora.
Los conflictos entre el MOPC y Mota se dieron luego de que el proyecto haya sido suspendido (el 5 de setiembre de 2018) a raíz de que solo se terminaron 800 metros de los tramos 2 y 3 (11 km) en medio de varias irregularidades. La obra empezó en 2016 y el retraso en la construcción ocasionó el cierre de más de 200 comercios y determinó unos 3.000 desempleos.
El MOPC adjudicó la construcción del sistema a la firma portuguesa Mota Engil por G. 300.417 millones, que luego aumentó a G. 403.900 millones (unos US$ 71 millones al cambio actual), de los cuales se pagaron más de US$ 23 millones. La firma se retiró sin terminar el proyecto y con amenaza de demanda. Antes, exigió el pago de otros US$ 18 millones.