TEMBIAPORÃ (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional). Tras un acuerdo inicial, el pacto se rompió rápidamente después de que los propietarios de los inmuebles se percataran de que el 90% del predio tiene cultivos de bananas, maíz, mandiocas, entre otros, y que complican el reinicio de la siembra de granos y lo encarecen. El pacto se había dado ayer después de una gran movilización de unos 2.000 uniformados de la Policía Nacional, un helicóptero de apoyo aéreo y un carro hidrante, que se constituyeron en el lugar para cumplir un amparo judicial emitido por el juez de Caaguazú, Rafael Baranda. El mismo ordenó que los propietarios de las tierras de Pindo’i ingresen a sus inmuebles para realizar el cultivo de granos.
Los “sintierras” bloquearon el camino con ramas, troncos en llamas y clavos miguelitos para impedir el paso de los intervinientes.
En el lugar, el abogado de los invasores, Jorge Dos Santos, y por otra parte, el de los propietarios, Víctor Centurión, y la Policía Nacional, arribaron a un acuerdo para dejar ingresar a la comitiva policial con la condición de que cultivos y viviendas no sean destruidos.
Asimismo, se permitía a los propietarios trabajar dentro de la propiedad y luego indemnizar a los labriegos por sus cultivos. Sin embargo, al entrar, los dueños se percataron de que la situación era distinta a la que les habían señalado los invasores, ya que gran parte del predio estaba cultivado, no solo alrededor de las casas como habían dicho, sino que son cientos de hectáreas de banana, maíz, mandioca y soja.
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Por su parte, Casilda Rotela, una ocupante, dijo que las tierras les pertenecen a ellos y que los productores paraguayos, descendientes de brasileños deben regresar al Brasil. “Estamos preparados para derramamiento de sangres”, aseveró.