Los compromisos del Estado paraguayo, que incluye a la administración central y a las entidades descentralizadas, aumentaron 8,9% con relación a los US$ 8.040,9 millones, monto con el que había cerrado el ejercicio 2018 y que representaba el 19,7% del PIB en aquel entonces.
De acuerdo con el informe, la deuda externa se situó en US$ 7.176,1 millones, lo que implica un incremento del 12% con relación al 2018 y la deuda interna en US$ 1.585,3 millones, que implica una reducción de 3,2%.
Los números finales de cierre del ejercicio 2019 se darán a conocer el próximo mes, pero ya se estima que será mayor, atendiendo que el fisco terminó con un déficit fiscal de 2,8% y esta diferencia se financia con deudas.
El déficit fiscal sobrepasó el tope de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal, con autorización del Congreso, previa solicitud del Ejecutivo, argumentando la necesidad de mantener el ritmo de ejecución de las obras públicas para reactivar la economía, que había caído en recesión.
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Las autoridades de Hacienda, basadas en los estudios de los organismos financieros, sostienen que la deuda sigue siendo baja con relación a los demás países de la región y que no es preocupante; así también aseguran que volverán a limitar el déficit al 1,5% del PIB.
Desde el sector privado, sin embargo, ya advierten del crecimiento de los compromisos y de que será difícil volver al referido porcentaje de saldo rojo este año.
Por ejemplo, el Banco Itaú, en su informe Macro Latam de enero, estima que el saldo rojo se situará al finalizar este 2020 en 2,2% del PIB, manteniéndose por encima del límite fijado en la ley; en tanto que la deuda bruta pública llegará a cerca del 27% del PIB.
El analista económico y exministro de Hacienda César Barreto es partidario de poner un tope a la deuda para no sobrepasar el 30% del PIB, más aún luego de que el año pasado los gastos rígidos del gobierno central hayan absorbido el 97% de la recaudación impositiva, dejando poco margen para atender la creciente demanda de servicios públicos que requiere la ciudadanía. Sobre este punto, sostiene que de seguir así el Estado tendría que recurrir a un masivo endeudamiento, lo que no es recomendable porque podría derivar en una crisis fiscal.
En este primer mes del año, Hacienda ya colocó bonos soberanos por US$ 450 millones e irá ubicando otros US$ 97 millones de bonos del tesoro en el mercado local durante el año.
El 67,4% de los recursos que provengan de la emisión de estos bonos se destinará al “bicicleteo” de la deuda pública y el resto para aportes de capital a organismos internacionales, inversiones en infraestructura a cargo del MOPC y del Ministerio de Urbanismo.
Vencimientos en el año 2023
Los primeros vencimientos de bonos soberanos se darán en enero de 2023 por un monto de US$ 780 millones, correspondientes a emisiones efectuadas en 2013 y 2015. Además, ese mismo año vencen préstamos de organismos financieros internacionales por US$ 244 millones.
Ante este panorama, que se dará antes de terminar el periodo de mandato del presidente Mario Abdo Benítez, Hacienda ya adelantó que harán lobby en el Congreso por la aprobación de la ley de administración de pasivos, a fin de rescatar los papeles con anticipación.