A criterio de Ferreira existe un despilfarro que viene desde hace 20 a 25 años, con contratos colectivos en el sector público que generan beneficios casi absurdos, principalmente cuando se compara con los trabajadores del sector privado.
“Entonces, existen beneficios, que yo recuerdo, en los que una persona en tercer nivel de parentesco tiene todo su velorio pagado dentro de una entidad pública”, dijo el exministro de la cartera fiscal sobre el pago de los privilegiados beneficios adicionales a los funcionarios.
“Este tipo de cosas hace que se genere un gasto extraordinario y, obviamente, afecte fuertemente la performance de las empresas públicas, pero también ocurren cosas muy similares en la administración central”, puntualizó.
El exministro sostiene que la decisión del Gobierno está en el camino correcto, pero que ya es hora de pensar seriamente en una reforma de todo el sistema de remuneraciones del sector público, porque hay personas que trabajan que no son bien remuneradas y las que no trabajan tienen un beneficio extraordinario, todo esto a costa del contribuyente que es el que finalmente solventa este tipo de gasto.
Agregó que se tiene poco espacio fiscal para hacer las obras que realmente la gente necesita y donde los grupos de presión consiguieron posicionar ciertos privilegios que “son absurdos y casi violentos para la población”.
Es partidario de que todos los beneficios ilegales sean recortados inmediatamente, aunque dijo que también se debe entender que la situación de muchos trabajadores públicos es complicada por su elevado nivel de endeudamiento, que gran parte se financia a través de los sindicatos o colectivos de trabajadores, lo que los ata por el lado financiero.
“Entonces, si no participás de la huelga no te dan financiamiento. Hay una serie de beneficios que son aprovechados y abusados por parte de estos colectivos de trabajadores en desmedro de muchísimos trabajadores públicos de muy buen nivel”, agregó.
Insistió en que no se puede tener casi todo el aporte tributario del país comprometido solamente en gastos salariales, por lo que la única forma de cambiar es pensando seriamente en encarar un programa que permita reformar todo, por lo menos para que vaya disminuyendo. “Hasta ahora lo único que se consiguió es frenar, que no suba más de lo que tenía que subir” y, en ese contexto, indicó que hay muchas falacias para intentar vendernos una matriz salarial (implementada durante el gobierno de Horacio Cartes) que nunca funcionó, pero que la propaganda lo presentó como el gran logro, para no tomar las decisiones de fondo.
“La decisión de fondo es que hay que equiparar el nivel de remuneración y el sistema laboral del trabajador público al del sector privado”, concluyó.
Los recortes aplicados
El decreto que reglamenta la ley de presupuesto 2020 limita el pago de beneficios adicionales a los funcionarios, principalmente en lo que se refiere a ayudas vacacionales, ayuda alimentaria y escolaridad.
Esta medida generó la reacción de los sindicatos de empresas públicas y algunos del sector de la administración central, como el caso del BCP, ya que dejarán de recibir entre G. 30 millones a G. 40 millones en el año por esta disposición. Actualmente, el gobierno y los sindicatos negocian un acuerdo de pago intermedio para determinados casos.