Afortunadamente, la iniciativa de participar, al menos de ciertas organizaciones académicas y sociales es mayor que en 2008, pero son tantas las proyecciones que entremezclan en las exposiciones de cada organización que, estamos seguros, el ciudadano de a pie, muchas veces, opta por retirarse, abrumado bajo el peso de la confusión.

En el 2008 las pretensiones paraguayas, que no fueron un producto exclusivo del gobierno de turno, porque la prensa tuvo una frondosa contribución en su elaboración, se concretaron en seis puntos: 1. Recuperación de nuestra soberanía hidroeléctrica. 2. Justo precio por la energía que cedemos. 3. Revisión de la deuda y depuración de sus componentes espurios. 4. Paridad paraguayo/brasileña en la administración de la entidad binacional. 5. Control y transparencia 6. Terminación de las obras faltantes.

Si cotejamos ese pliego de reclamos con el balance de los que fueron atendidos, destacaríamos uno: la triplicación del factor multiplicador del valor que impusieron a nuestra energía en 1973, que no tiene relación alguna al “justo precio” del Acta de Foz y del Considerando del Tratado. El resto sigue vigente.

En 2023 nuestro país debe inyectar una mayor dosis de convicción y entusiasmo –en los foros y en las calles– a los dos primeros puntos: libre disponibilidad de nuestra energía en Itaipú y justo precio por la que realmente exportemos, inclusive al Brasil.