El consorcio chileno-español Typsa-Incosa-Ingeneg, que fue adjudicado en mayo del 2016 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para fiscalizar las obras del fallido metrobús, ya cobró casi la totalidad de su contrato antes de que este Gobierno haya decidido cancelar el fallido proyecto.
Es así que, hasta el 27 de setiembre del 2018 –casi un mes antes de que Mota Engil haya abandonado las obras–, el grupo de empresas extranjeras ya percibió unos 14.768 millones (90% del monto de su contrato), según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Los pagos fueron aprobados tanto durante la administración del ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, como del actual ministro, Arnoldo Wiens.
A partir de setiembre del 2018, Wiens seguía autorizando el pago de pequeños montos mensuales hasta llegar a los G. 15.467 millones que percibió en total hasta ahora, de acuerdo a los registros oficiales (95% del monto de su contrato original de 16.320 millones). La última factura que cobró tiene fecha del 9 de julio del 2019.
Recordemos que el proyecto de metrobús ya no progresó desde octubre del 2018, cuando la empresa portuguesa Mota Engil abandonó la zona de obras. Solo se registró un 31% de avance (3,5 km), pero el MOPC terminó pagando como si la fiscalizadora hubiese verificado 11,4 km, de los 12 km que debía tener el corredor del metrobús.
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El representante del consorcio Typsa-Incosa-Ingeneg, Miguel Torres Cabo de Vila, señaló ayer a ABC Color que no pueden dar los detalles de lo que cobraron por confidencialidad del contrato. “Tenemos que mantener la confidencialidad por contrato con el comitente”, dijo.
El contrato original de este grupo de consultoras extranjeras también sufrió importantes modificaciones, vía adenda, con la cual se incrementó considerablemente el precio original, de acuerdo a los documentos a los que accedió ABC Color.
En este sentido, el monto contractual ya repuntó ahora a G. 21.638 millones; es decir, G. 5.318 millones más y, llamativamente, el Ministerio de Obras sigue sin rescindir del contrato con el consorcio, pese a que las obras del metrobús ya se cancelaron y lo poco que se hizo ya se demolió.
Respecto al incremento que se tuvo, representa un 33% con relación al precio inicial, muy por encima del 20% que permite la ley de Contrataciones Públicas, debido a que el plan metrobús se rige con las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista del proyecto. MOPC habla además de una deuda de G. 2.600 millones a la firma.
Mota desconoció a fiscalizadora
Desde octubre del 2018, la empresa Mota Engil, contratista del MOPC del fallido proyecto Metrobús, impidió el ingreso del consorcio Typsa- Incosa-Ingenec a la zona de obras, ya cuando la empresa portuguesa realizaba trabajos para rehabilitar la ruta Mariscal Estigarribia, según el informe de intervención del Programa de Reconversión Urbana y Metrobús. Sin embargo, el grupo de consultoras seguía facturando al MOPC, cuyos detalles de los pagos se desconocen. Mota Engil incluso argumentó que en el contrato no se hace referencia a la fiscalización en ninguna de sus cláusulas y así desconoció al consorcio fiscalizador.