Dos altos funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Diego de los Ríos (administrador) y Jéssica Cabrera (tesorera), que son investigados por el fiscal Luis Said Frágueda por presuntos hechos de corrupción, renunciaron por nota a sus respectivos cargos, según señaló ayer el presidente de la institución, abogado Mario Vega.
Mediante la resolución N° 942, del pasado 2 del corriente, Vega informó que dio las gracias a los mismos por los servicios prestados a la institución. “Ellos son investigados en una causa penal, por esa razón no podía mantenerlos en esos cargos, para evitar una eventual obstrucción a la investigación fiscal. Si no lo hacían, los iba a destituir de todos modos. Diego de los Ríos está fuera de la institución, mientras que Jéssica Cabrera se encuentra a disposición de recursos humanos”, explicó el titular del Indert.
Agregó que la situación le tomó de sorpresa, pero espera que el agente fiscal concluya lo antes posible las investigaciones por el bien de la transparencia.
Según los datos recabados, de los Ríos es funcionario del Ministerio de Trabajo y estaba comisionado en el Indert, mientras que Cabrera está en el ente en calidad de contratada.
El allanamiento
Una comitiva fiscal, integrada por Luis Said Frágueda, realizó el pasado viernes por la tarde el allanamiento en oficinas del Indert, en el marco de la causa caratulada “investigación fiscal sobre hecho punible contra el patrimonio, contra la prueba documental, contra el ejercicio de funciones públicas y otros”.
Al respecto, Vega se defendió señalando que las responsabilidades de cada funcionario público son personales, es decir, cada uno deberá rendir cuentas de sus propios actos ante la ciudadanía y la justicia.
Enfatizó que su administración siempre estuvo abierta para recibir a las autoridades y representantes de todos los sectores, ya sea para coordinar trabajos a favor de la ciudadanía o para dilucidar eventuales cuestiones.
Declaró que acercará todas las documentaciones que el Ministerio Público requiera a fin de concluir sus investigaciones con el máximo rigor y la mayor celeridad.
Presuntas irregularidades
Uno de los puntos de la investigación apunta hacia la legalidad y el destino que tuvo el cheque N° 438.056-5 del BNF por valor de G. 29.064.690 de la cuenta del Indert. Otro hecho denunciado es el supuesto cobro irregular en concepto de bonificaciones por parte del presidente del Indert, Abog. Mario Vega, que había recibido por un determinado lapso.
También se investiga la legalidad de un pago de G. 300 millones a favor de la ONG Fundación Cerro Lambaré (Fucela), sin que, supuestamente, cuente con los respaldos documentales administrativos.