Martínez Ovando, junto con el abogado Dionicio Javier Segovia y el gestor Antonio Ramón Cáceres, habían caído en un operativo realizado entre finales del año 2007 y principios de 2008, después de recibir en total US$ 40.440 a cambio de dar títulos de tierras supuestamente fiscales.
El citado funcionario tiene un salario de G. 4.887.607 en la mencionada institución estatal, y aparentemente acude solo para marcar su tarjeta de entrada y salida porque no tendría una función específica.
De acuerdo con los antecedentes, durante nueve meses fueron grabadas las entrevistas y llamadas telefónicas entre el denunciante Juan Ramón Galeano Paredes y el citado trío, que fueron divulgadas por medios periodísticos audiovisuales y escritos.
Además, desde el 27 de noviembre de 2007 se produjeron varias reuniones entre los entonces acusados y el demandante, quien entregó US$ 2.000, después US$ 450, más un giro de US$ 490, una nueva entrega de US$ 9.500 y US$ 28.000, que totalizaron la mencionada suma.
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