Advierten de riesgos si Gobierno no despeja dudas sobre el presupuesto

Si bien el Gobierno ya dio el primer paso de reglamentar la Ejecución del Presupuesto 2017, que es una réplica del 2016, aún hay puntos que no han quedado del todo claros, ya que el escueto decreto que emitió este lunes el Ejecutivo no aclara aspectos como la ejecución de obras públicas, emisión de bonos soberanos, temas salariales, entre otros.

César Barreto indicó que debido a que no hay experiencia de veto en la historia del país, resulta un gran desafío para la Administración central el reorganizar todo el esquema del presupuesto y adecuarlo al que estuvo vigente en el 2016.

“Sobre todo hay que precautelar el Estado para que la economía pueda seguir rodando, pero en lo particular habría que analizar con mayor profundidad las cosas y que las autoridades se manejen dentro de la legalidad.

Según Barreto, el Congreso y la Contraloría tienen que participar de este diálogo a fin de despejar toda duda que pueda atentar contra las inversiones y la dinámica de la economía.

Manuel Ferreira, también exministro de Hacienda, coincidió en la necesidad de aclarar las dudas, ya que un veto en estas condiciones puede prestarse a actos de corrupción.

El citado decreto autoriza también el pago de la deuda flotante al 2016, de unos G. 2,23 billones, que deberá ser abonada a más tardar el último día hábil de febrero, para lo cual se solicitará un anticipo al Banco Central.

Causal de juicio político

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Ariel Oviedo (ANR-disidente), afirmó que si el presidente Horacio Cartes utiliza lo referido a los bonos del 2016, el hecho será considerado como una causal de juicio político, por mal desempeño de funciones.

Hacienda presupuestó US$ 558 millones para este año, mientras que el presupuesto 2016 le permite emitir hasta US$ 600 millones, y el Congreso lo topeó a US$ 350 millones.

“Este presupuesto se encuentra topeado por el 2,8 del déficit fiscal, con lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hablan de plantear ampliaciones presupuestarias y ya no hay manera de realizar ampliaciones”, dijo Oviedo, quien señaló que con esta situación el país puede entrar a un default, porque no tienen autorización del Congreso.

Afirmó que el Gobierno pretende llevar adelante un capricho al pretender disponer de los bonos que ya fueron emitidos en el 2016, cuando deben requerir la autorización del Congreso para validar nuevos préstamos.

PDP también amenazó

En tanto que desde el Partido Democrático Progresista (PDP) también hubo amenazas con presentar una denuncia penal en contra de la gestión del presidente Cartes, en caso de que contraiga deudas internacionales o emita bonos soberanos en el ejercicio 2017, usando el presupuesto del 2016.

Tampoco se descarta impulsar el juicio político a Cartes por mal desempeño de funciones. Para superar la mayoría oficialista y aprobar la acusación en la Cámara de Diputados, impulsarán junto a otras agrupaciones una colecta de firmas.

La senadora Desirée Masi utilizó las redes sociales para descargar su disconformidad sobre aspectos del presupuesto 2017. “PGN2017 trucho que pretenden usar, cambiaron cifras por decretazo. No es el aprobado en 2016”, señalaba Masi en su cuenta de Twitter. En otro twit se refirió al proyecto llave en mano y agregó que presentarán una derogación de esa ley apenas termine el receso parlamentario.