Las colocaciones de los bancos públicos de desarrollo de América Latina y el Caribe superan los US$ 700.000 millones al año y gozan de una solidez operacional y financiera inédita que les permite ampliar sus operaciones en áreas como el financiamiento de la mitigación al cambio climático y de políticas para el desarrollo productivo, según el estudio del BID.
No obstante, las instituciones deberán continuar sus esfuerzos de fortalecimiento institucional, particularmente en el área de gobernanza corporativa, y demostrar su impacto en el desarrollo, de manera que movilicen recursos del sector privado y apoyen a segmentos vulnerables de la economía.
El BID analiza la relevancia de los estas entidades en los sistemas financieros de hoy, sus instrumentos financieros y no financieros que pueden ser más efectivos, los factores institucionales clave para el éxito, y la forma en qué pueden abordar nuevos desafíos como la mitigación del cambio climático.
Según el BID, en la región operan 56 bancos públicos de desarrollo que incluyen instituciones como el Banco Estado de Chile, el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia y la Nacional Financiera de México, entre otras. A pesar de tener instituciones de gran tamaño como el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), el peso relativo de estas entidades en los sistemas financieros se ha mantenido durante los últimos 10 años.