Buscarán opciones para no eliminar prejudicialidad

Ante el rechazo de los gremios empresariales de la eliminación de la prejudicialización en el proyecto de ley antilavado, autoridades de Seprelad propusieron encontrar una “solución salomónica” para el examen de Gafilat.

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El proyecto de eliminar la prejudicialidad sobre la evasión de impuestos, es comparable a que el Gobierno quiera realizar lo más fácil, como una cacería dentro del zoológico, con los monos buenos dentro de las jaulas, mientras que los peligrosos gorilas están en la selva, dijo ayer el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Manuel Riera, en la reunión de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) con autoridades de Seprelad.

“La posición de los gremios empresariales es que no se derogue la prejudicialidad sobre la evasión de impuestos, que es una garantía constitucional; mientras que la propuesta de Seprelad ahora es conversar para encontrar una solución intermedia y hacer una contrapropuesta al Parlamento, considerando algunos aspectos de la legislación argentina”, informó Riera.

Enfatizó que eliminar dicha garantía crearía un riesgo inadmisible sobre el sector formal de la economía, mientras que el mismo Gobierno admite que existe cerca del 40% de informalidad. Indicó que eliminar la prejudicialidad no hará que los comercios en el Mercado 4 ni en Ciudad del Este u otros lugares otorguen facturas contables.

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Argumentó que sin la prejudicialización, incluso diferencias o inconsistencias desde G. 1.000.000 pondrían a las empresas a merced de denuncias injustificadas y de fiscales no competentes en la materia, con altos costos monetarios, morales, así como comerciales.

Las autoridades de Seprelad, Diego Duarte y Javier Martínez, recordaron que la eliminación de la prejudicialidad es una condición para superar el examen del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), y que “se debería encontrar una solución salomónica”. “El problema no está en la ausencia o presencia de la prejudicialidad, sino en la congénita vulnerabilidad de los sistemas del Estado, y el caso Messer es mucho más grave que la prejudicialidad”, dijo.

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