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El análisis denominado “Involución de la Política y Prudencia Fiscal” realizado por Julio Ramírez, del Cadep, explica que en julio del presente año el FMI, en un informe sobre Paraguay, elogiaba la prudencia fiscal aplicada en el país durante los últimos años.
Señala que esta opinión del organismo internacional tiene coherencia con la política presupuestaria aplicada desde el 2003 en Paraguay, reflejada en un superávit fiscal constante, incluyendo el 2009 cuando sobrevino una crisis mundial.
“El año 2012, sin embargo, cierra con dos indicadores negativos: reducción del PIB (-1,5% según el BCP) y déficit fiscal (-2,2% sobre el PIB) después de ocho años de superávit”, indica Ramírez.
Para el 2013, agrega el analista, se estima un déficit en torno al 1,5% del PIB que el Ejecutivo no considera preocupante, con un presupuesto aprobado por el Congreso que fue calificado como manejable. “Ello supone un presupuesto que podrá ser manejado con la colocación de topes a algunos gastos a través del Plan Financiero y mediante el endeudamiento público”, expresa.
Sostiene que, de esta manera, la deuda pública se verá incrementada con la emisión de bonos del Tesoro en el mercado internacional por 500 millones de dólares, que representan el 23% del saldo actual de la deuda externa, a los que se deberían sumar otras fuentes de deuda externa e interna en el 2013.
Dice que la utilización de esos fondos en inversiones traerá beneficios a la economía del país, siempre que haya buena gestión en la ejecución de tales recursos. “En este escenario, por lo tanto, asistimos a una involución de la política fiscal, conjuntamente con un incremento de la deuda para financiar dicho déficit, sin un claro panorama de cómo mejorar la presión tributaria, única vía valedera en el largo plazo para hacer frente al creciente gasto del Gobierno”, enfatiza.
Ramírez señala que, a su vez, con esta situación se debería considerar la posibilidad de que surja una espiral inflacionaria. Ello, porque los incrementos, sobre todo de los gastos corrientes en el PGN 2013, generarán una presión inflacionaria que el BCP deberá contener con las herramientas a su disposición, como las Letras de Regulación Monetaria, indica. “Si ese fuese el caso, el retroceso se haría sentir también en la política social, afectando negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad por depreciación del poder adquisitivo de sus ya reducidos ingresos”, argumenta.
El analista de Cadep sostiene que “la pregunta que surge entonces es ¿fue necesario llegar a esta coyuntura? La contundente respuesta es un “no” y las razones son sencillas. Esta situación se dio nada más por la enorme irresponsabilidad del Parlamento en el manejo presupuestario y fiscal”, afirma Ramírez.
“Intereses políticos”
El analista de Cadep señala que la Constitución de 1992 otorgó poderes especiales al Parlamento en materia presupuestaria, para limitar un manejo discrecional por parte del Ejecutivo, pero en la práctica los efectos son inversos. Sostiene que el manejo “está basado en intereses políticos y carece de toda lógica y racionalidad, con la circunstancia agravante de que impone una estimación de ingresos imposible de cumplir”. El Congreso, agrega, desoye sistemáticamente las recomendaciones de Hacienda y de cualquier otro organismo, como el FMI. Así, los principales aumentos aprobados en cada periodo se enfocan sobre todo en los gastos corrientes, en detrimento de las inversiones, afirma.