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La obra señala que nuestra soberanía hidroeléctrica está capturada desde 1973, por el “pésimo trato” que hizo el dictador Alfredo Stroessner con la dictadura militar brasileña, cuando la canjeó por apoyo político y beneficios particulares.
Indica que esa situación se revió parcialmente con el Acuerdo Lula-Lugo del 2009, pero que la “instancia decisiva” será en el 2023.
Dice que se trata de encontrar las claves para que la soberanía hidroeléctrica sirva como uno de los “instrumentos más adecuados” para alcanzar la liberación nacional, para un desarrollo productivo sustentable con alto valor agregado.