El Gobierno decidió suspender el pago de los aguinaldos extras a los funcionarios en lo que resta del año y pedirá al Congreso que elimine del proyecto de presupuesto 2017, para que la medida sea permanente.

Este beneficio, sin embargo, ya no tendría que haber estado en la ley de presupuesto porque con la nueva matriz salarial, supuestamente, se iba a “sincerar” ya todos los ingresos del personal público.

La matriz salarial actualmente se aplica a 41 instituciones públicas y para el próximo año se extenderá a otras seis entidades descentralizadas (ver cuadro), según se incorporó al proyecto de presupuesto que está en estudio en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

El nuevo sistema salarial había sido presentado en 2014 a la ciudadanía como el método que iba a ordenar el gasto salarial en la función pública y sin costo adicional, pero terminó blanqueando los ingresos del personal y volviendo más rígido el gasto salarial, porque los sueldos se duplicaron y hasta triplicaron en muchos casos. Por ejemplo, si antes se podía recortar las bonificaciones en el caso de que la recaudación no era la esperada, desde el año pasado ya no es posible, porque ese beneficio forma parte de las remuneraciones.

La matriz se implementó en 2015 a pesar de las fuertes críticas de la ciudadanía, la prensa y de los parlamentarios de la oposición, quienes señalaron durante el estudio del presupuesto que no pasaba de ser un simple “blanqueo”. En tanto, los parlamentarios del Partido Colorado votaron por la incorporación en el presupuesto.

El sistema fusiona el 70% de las bonificaciones y gratificaciones al sueldo, pero manteniendo por fuera de la matriz el pago de otras bonificaciones o gratificaciones o aguinaldo extra mediante un artículo de la Ley N° 5554/16 de Presupuesto General de la Nación.

Es artículo 40 que faculta al Ejecutivo a abonar hasta dos bajo el ropaje de gratificaciones o premios por mayor producción (equivalente a un sueldo del mes), a pesar de que la finanza pública acumula déficit.

Este año los primeros pagos se realizaron entre marzo y setiembre (ver cuadro), lo que demandó un gasto de casi G. 56.608 millones (US$ 10,2 millones), de acuerdo a datos manejados por la Presidencia. Sin embargo, el monto podría ser mayor según el presupuesto vigente.