Desde hace 15 años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entidad reguladora del sector radio, televisión abierta, televisión por cable; telefonía, internet, etc., enfrenta un centenar de procesos en el ámbito judicial. La mitad fue entablada en su contra por regulación de honorarios, pedidos de resarcimiento o cancelación y/o otorgamiento de licencias. La otra mitad se relaciona con demandas iniciadas por la institución para exigir el pago de deudas en concepto de aranceles, entre otros.
Entre los casos más significativos figura el resarcimiento por US$ 17,3 millones exigido por Víctor Chamorro Auad, cuya empresa unipersonal se quedó sin licencia para prestar el servicio de voz sobre IP (Internet Protocol), una actividad exclusiva de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), propiedad del Estado, que tiene el monopolio de las llamadas internacionales.
Chamorro Auad solicitó la millonaria indemnización por supuestos daños económicos provocados por el ente regulador al emitir, en el 2000, la resolución por la cual se le canceló su licencia para la explotación del servicio Voip. No obstante, desde mismo año, la empresa privada siguió lucrando con el servicio, porque consiguió una medida cautelar de la justicia que le permite continuar prestando hasta hoy.
De acuerdo con los datos, a principios de octubre del año pasado, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, integrado por los magistrados Rodrigo Escobar, Amado Verón y Rolando Ojeda, levantó el recurso de amparo, pero Chamorro Auad apeló la resolución. Ahora está en manos de la Corte Suprema resolver la cuestión.
Otras demandas relacionadas con el servicio voz sobre IP entablaron Sausalito SA, propiedad de Rodrigo Campos Cervera, Héctor González y Tatiana Matiauda y la empresa Conexión SA, propiedad de Juan Guillermo Talavera Gustale, Eduardo Talavera Gustale y María Jara. No pidieron resarcimiento, sí una medida cautelar para continuar lucrando con el negocio.
En la lista de las demandas figura otra, en este caso por la suma de US$ 1.426.000, promovida en 2006 por Roberto Beurts, por la cancelación de permiso de audiotexto, y otra por US$ 500.000, iniciada en el 2003 por Sumijiro Takaoka, que no especifica el tema. Entre las acciones judiciales contra la Conatel figuran otras seis, que corresponden a la empresa de maletín WTelecom SA, que cambió varias veces de denominación.
Actualmente se denomina GAV Telecomications y es presidida por Bienvenido Ramón Gallardo.
El listado es extenso
La lista de denuncias sigue con las del consorcio Loma Plata-Impsat, de Víctor Butlerov, y por los argentinos Luis Picolo y Enrique Vita, luego de que Conatel anulara por incumplimiento un contrato de más de G. 5.000 millones. La empresa debió instalar y mantener en servicio durante cinco años unos 400 teléfonos satelitales, pero no lo hizo. La última demanda promovida contra el ente regulador fue el año pasado, en este caso de Luz Marilda Argüello Perdomo, esposa del vicepresidente de la República, Juan Afara. La concejala de la Comuna de María Auxiliadora atacó ante el Tribunal de Cuentas la resolución de Conatel por la que adjudicó en 2011 una radio FM (104.9) a José Casas Pankoski.