La Contraloría General de Costa Rica tiene alrededor de 60 años. Fue creada por la Constituyente en 1949, como una suerte de contrapeso para que los parlamentarios no pudieran echarle mano y cambiar los programas o el destino de los recursos, explicó María del Rocío Aguilar de Montoya, contralora costarricense.
Se encarga de aprobar los presupuestos de los municipios y las instituciones descentralizadas (prestadoras de servicios de electricidad, agua, telecomunicaciones, etc), los que constituyen las dos terceras partes del presupuesto del gobierno, "con esto se pretendía que no existiera una intromisión política en los presupuestos de las entidades descentralizadas", señaló. La tercera parte del presupuesto aprueba la Asamblea Legislativa. "La Contraloría es la que emite la certificación de ingreso del presupuesto central, que aprueba la asamblea para que sea el Ministerio de Hacienda el que elabore, pero no se puede elaborar si antes la Contraloría no ha dicho cuáles son los ingresos totales con los que se cuenta", explicó.
Durante el proceso de aprobación, la asamblea cuenta con un informe técnico de la Contraloría que da cuenta del cumplimiento de la normativa, "se hacen observaciones de los temas más relevantes del presupuesto que se va a aprobar. Ese documento fundamentalmente es un apoyo de carácter técnico al Congreso", agregó. Posteriormente, cuando el presupuesto ya se liquida, la Contraloría emite un informe que tiene como destino el Congreso para que sea la base con miras a la aprobación de la cuenta final, añadió.
"Con este sistema -agregó Aguilar de Montoya- se trataba de tutelar los recursos propios y tarifa de las instituciones que no vienen necesariamente de los impuestos: Lo que se trataba era evitar que el legislador echara mano y cambiara los programas o el destino de los recursos de ese tipo de entidades", enfatizó.
Amplia función
La función de la Contraloría costarricense es mucho más amplia. Aparte de ejercer una doble fiscalización sobre el presupuesto público -durante su elaboración y después de su utilización-, también participa en las contrataciones públicas -como una especie de tribunal- y en las licitaciones hace lo que se denomina un referéndum de los contratos.
En el tema de la corrupción, Aguilar de Montoya cree que actualmente hay más conciencia y más denuncias, por lo tanto la prensa, los medios empiezan a dar más información. Considera que el control social juega un papel fundamental en las denuncias. Resaltó el hecho de que el lunes pasado la Corte de su país sentenciara a 5 años de prisión a un ex presidente por hechos de corrupción. "Yo creo que eso empieza a marcar un antes y un después en lo que puede ser el abuso de los recursos públicos", dijo.
Los pagos políticos
Aguilar de Montoya recordó que en un seminario en su país escuchó a un ex ministro decir que hoy día seguro que les es difícil a los políticos gobernar, porque antes a los que no podían poner de diputado le daban una concesión de buses. "Hoy día eso es totalmente inaceptable. Parecía que en el pasado este obrar de los políticos era normal", dijo nuestra entrevistada.
La funcionaria está en el cargo desde hace cinco años. Le falta tres para completar el período establecido, ocho años. Fue elegida por el Parlamento.