Coofedelmo estaba bajo intervención del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) desde setiembre del año pasado, pero en marzo último se levantó esta medida ya que la entidad renovó sus autoridades y se comprometió a implementar un plan de salvataje para volver a operar.
Este plan incluía una inyección financiera gradual de unos G. 6.000 millones (más de US$ 1 millón) y, en principio, se habló de que el préstamo provendría de la Cooperativa San Cristóbal. Sin embargo, esta entidad a través de su gerente de Riesgo, Eduardo Bobadilla, dejó en claro que no forman parte del plan de salvataje ni prevé inyectar un solo guaraní.
Plazo Ante este panorama, el titular del Incoop adelantó ayer a nuestro diario que si Coofedelmo no consigue los fondos este mes, tendrán que intervenir de nuevo la citada cooperativa fernandina buscando preservar los intereses de los socios.
A criterio de Jiménez, la entidad solidaria podría volver a operar con una inyección financiera de entre G. 500 millones y G. 1.000 millones mensuales, pero que estos recursos deberían provenir de tres a cuatro entidades, porque uno solo difícilmente podría otorgar.
Coofedelmo está presidida desde hace casi dos meses por Gustavo Baranda Aldama, quien asumió luego de que la asamblea de socios decidiera en marzo pasado renovar los cuadros directivos tras detectarse graves problemas de liquidez, con pérdidas acumuladas de más de G. 14.000 millones (US$ 2,4 millones).
Los informes hablan de unos 30.000 socios, pero de estos están al día solo 11.000, por lo que hoy la entidad se limita a cobrar los préstamos otorgados y reducir gastos corrientes, porque no está en condiciones de otorgar nuevos créditos.
El Incoop prepara una carpeta de antecedentes para presentar ante el Ministerio Público la denuncia contra los exdirectivos de Coofedelmo, que sería este mes.
Caso anterior
Una de las últimas entidades solidarias liquidadas por el Incoop es la Cooperativa Policial 17 de Mayo, tras detectarse un presunto vaciamiento de más de G. 43.000 millones (US$ 7,7 millones).
El organismo decidió suspender a los directivos que ocupaban cargos gerenciales, en el Consejo de Administración y en la Junta de Vigilancia durante los periodos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Además, considerando las presuntas irregularidades, los antecedentes ya fueron puestos a consideración de la fiscalía para la persecución penal, a pedido de la asamblea.