El abogado Ayala resaltó la labor de la fiscala Silvana Otazú en este caso y señaló que la medida preventiva de prisión que se aplicó al denunciado les da garantía para seguir, con tranquilidad, todo el proceso. La fiscala solicitó el embargo de todos los bienes de Javier Duarte para precautelar y garantizar el resarcimiento de daños a los afectados, que rondan los G. 5.000 millones.
Cabe resaltar que la pesquisa se originó a raíz de una denuncia que formuló una de las afectadas. Se trata de la Congregación de las Hnas. Vicentinas, quienes aseguran que entregaron sumas de dinero al acusado para que gestione depósitos de ahorro en esa cooperativa. Las religiosas reclaman saldos de ahorros por cerca de G. 2.000 millones; sin embargo, en los registros de Manduvirá los saldos no existen.
Por otra parte, la Coop. Manduvirá también formuló denuncia en la fiscalía de Emboscada.
El asesor de la entidad solidaria lamentó que el reclamo que realizaron en la citada unidad fiscal no haya tenido ningún avance hasta el momento.
A Tacumbú
Por otra parte, la jueza penal de garantías, María Gricelda Caballero, decretó ayer la prisión de Carlos Javier Duarte, exjefe de acopio de la Cooperativa Manduvirá, en una audiencia de imposición de medidas realizada ayer. El procesado, que soporta los cargos de apropiación, estafa y producción de documentos no auténticos, debe cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
En su exposición ante el juzgado, la defensa solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, para lo cual ofreció fianza real y personal por el monto que el juzgado considerara pertinente. Sin embargo, el juzgado resolvió decretar la medida restrictiva de libertad, en coincidencia con el requerimiento realizado por la fiscala Silvana Otazú. La Abog. Angelina Luna, representante legal de las víctimas, también participó en la audiencia. Duarte no quiso dar su versión, al ser indagado por periodistas al término de la audiencia.