Consultado al respecto, el abogado Óscar Bogado, asesor jurídico de Itaipú, señaló que el fallo es una “aberración jurídica”, por lo que ya han planteado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. “El problema no es el monto sino que en el considerando de las resoluciones, el tribunal sostiene que Franco podría regular tanto al particular –en este caso a Mundy Recepciones– como a Itaipú, que es una entidad pública. Esto último no corresponde, puesto que él actuó en el caso siendo procurador adjunto y existe una ley, la 2796 de 2005, que reglamenta el pago de honorarios a asesores jurídicos y otros auxiliares de justicia de entes públicos que actúen en representación del Estado”, explicó el asesor.

Bogado recordó que en este caso, la Itaipú había perdido un juicio contra Mundy Recepciones, por lo cual, en el 2003, la Procuraduría a cargo de Juan Carlos Bareiro Perrota, junto a Carlos Franco Croskey, planteó la nulidad de dicho juicio, hecho que impidió el pago multimillonario por el servicio de bocaditos a la binacional.

“Justamente esa demanda es la que firmó el abogado Franco, pero también participaron otros profesionales. Nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad para que no pueda ejecutar, porque nos parece aberrante que quiera regular contra el Estado”, insistió el asesor de Itaipú.