Ahora, supuestos líderes anuncian el inicio de una segunda etapa, por lo cual empezaron a cobrar importantes sumas de dinero a los interesados. Ante esto, los afectados piden la intervención de la Senavitat y el Ministerio Público.
Según los afectados, se habrían utilizado materiales de mala calidad, como los cables para el sistema eléctrico, que son muy finos, y que según entendidos pueden generar cortocircuitos con suma facilidad. Pese que las viviendas nunca fueron inauguradas, ya están ocupadas, en su mayoría por los beneficiarios, según contó Estela Rojas.
Otros esperan
Asimismo, ya hay otro grupo de personas a quienes se les prometió que serían adjudicadas en la segunda etapa del proyecto donde supuestamente se construirían 59 viviendas. En ese sentido, Hilda Mena de Bolaños manifestó que para poder integrar la lista de los eventuales adjudicados tuvo que pagar G. 1.400.000 a Alberto Quintana, un dirigente departamental de asentamientos, y a Roque Rojas, titular de la comisión de la nueva etapa anunciada.
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Supuestamente esa suma se utiliza para hacer gestiones, además de pago de impuesto inmobiliario del terreno a utilizarse, además de certificados de no poseer inmuebles, entre otros. A los interesados se les exige además asociarse a la cooperativa “Óga rekávo”, donde deben aportar el 5% del valor del inmueble, contrapartida exigida por Senavitat. Las personas realizan grandes esfuerzos para reunir el dinero, contó Adela Alem, otra de las afectadas. Sin embargo, en los últimos meses 23 personas fueron reemplazadas por otras que supuestamente ofrecieron más dinero a los líderes.
Piden intervención
A raíz de todos los problemas solicitan la intervención de la Senavitat y la Fiscalía para que se investiguen los pagos hechos y las irregularidades en el proyecto habitacional, tanto en la primera como en la segunda etapa.
Intentamos comunicarnos con Alberto Quintana y Roque Rojas, pero ambos no respondieron las reiteradas llamadas. También hicimos lo propio con Adolf Sauer, coordinador de Transparencia y Participación Ciudadana de Senavitat, pero tampoco respondió.
La firma Toben SA, representada por el Ing. Juan Ayala, es la responsable de la obra en la primera fase, a un precio de G. 4.380 millones.