El comunicado del Ministerio de Hacienda “desmiente la falsa acusación sobre manejo de fondos para la educación”. El documento dice que los recursos fueron destinados a una subcuenta del Banco Central del Paraguay (BCP) y que en ningún caso fueron destinados a gastos corrientes.
Por otra parte, revela que a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) solo se destinó una parte de los fondos. Y termina diciendo que lamenta la falta de verificación de la información.
La Ley 4758/2012 crea el Fondo para la Excelencia de la Educación y le destina el 30% de lo recibido del adicional obtenido de Itaipú.
El artículo 13 de la norma (ver facsímil) dice taxativamente que el fondo SERÁ administrado por la AFD. No dice PODRÁ, lo cual daría a Hacienda cierto margen de maniobra. Un principio básico de derecho público es que todo aquello que no está expresamente permitido, está prohibido.
Esto significa que Hacienda no puede enviar ese dinero a una “subcuenta” como dice el comunicado. Está violentando la ley.
Además, el artículo 9 inciso b) de la misma normativa obliga a invertir el dinero destinado a la AFD en Letras de Regulación del BCP o del Tesoro Nacional. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, declaró ayer a Radio Monumental (se niega a hablar con ABC) que este dinero no puede ser invertido en estos instrumentos por indicaciones recibidas del BCP. Es decir, a criterio de la ministra, el Banco Central hoy dicta resoluciones o da recomendaciones que están por encima de una ley de la Nación, poniendo de cabeza la pirámide de Kelsen.
Lo más grave es que al no remitir los recursos al fondo fiduciario manejado por la AFD, ocasiona un perjuicio económico al Fondo de la Excelencia para la Educación, lo cual, de ser confirmado por Fiscalía, podría configurar un daño patrimonial, castigado por nuestro sistema penal.
Como prueba del error de Hacienda basta con tomar un informe de Contraloría de marzo del 2014, página 79 (ver facsímil), en el que se advierte al Tesoro que la no inversión de los Fondos de la Excelencia del ejercicio 2013 causaron un perjuicio de G. 45.716 millones.
Finalmente, otra copia facsimilar que acompaña el material muestra un extracto de mayo del 2017, de la “subcuenta” de Hacienda en el que se aprecia la utilización de excedentes del Fondo para la Excelencia por G. 1,7 billones. La ministra ahora debe explicar qué significa esto. Ayer se buscó la versión de Peña, pero tampoco respondió.