La ejecutiva bancaria dio como ejemplo la disposición que menciona que los excesos de compra por tarjetas deben ser autorizados previamente por el cliente. Añadió que esto, en la práctica, planteará muchos inconvenientes para el usuario, sobre todo en los débitos automáticos por pagos de servicios, que podría generar atrasos involuntarios en los compromisos, explicó.

Por otra parte, también cuestionó la disposición que establece que entre las compras en efectivo y las que se pagan con tarjetas de créditos no haya diferencias, ya que detrás de esta herramienta hay millonarias inversiones en publicidad. Acotó, sin embargo, que la aplicación de la nueva ley va a depender en realidad de cómo salga la reglamentación, “porque hay algunas cuestiones que no quedan muy claras para el sector”.

“La intención de transparentar es muy buena, pero hay que cuidar cómo se va a lograr para que su efecto no sea contraproducente”, apuntó la titular de la entidad bancaria que concentra la mayor porción de saldos en tarjetas, por cerca de US$ 275 millones y que concentra más del 40% de los usuarios del sistema financiero. Hasta julio pasado tenían unos 384.000 plásticos distribuidos en todo el país.

El Banco Itaú forma parte del grupo de 23 entidades que promovieron la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 9 y 10 de la Ley 5476, referente al tope de intereses en las tarjetas de crédito y de comisiones, con la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia suspenda sus efectos. Si no, entraría en vigencia en 90 días.