La ley vigente establece la modalidad de “premiar” al servidor público con un estipendio proporcional al monto de la multa aplicada al contribuyente por la comisión de faltas administrativas, suma que oscila entre el 100 y 300% según el caso.

“Resulta un verdadero despropósito tener que premiar a estos funcionarios por el simple cumplimiento de la función por lo que ya se les paga del presupuesto público”, reza una parte de la exposición de motivos.

El documento busca volver al estado originado de la Ley 125/91 y eliminar así la concesión de comisiones por multas a los funcionarios de la SET que hayan intervenido en los procesos en carácter de denunciantes, según detallaron.

Con este dictamen, el proyecto en cuestión ya podría ser tratado en una próxima sesión de Diputados.

Además corre otro proyecto legislativo que apunta a eliminar la distribución de multas entre funcionarios de Tributación, pero especificando que estos rubros se destinen a salud y educación.

Prosigue distribución

Pese a los intentos legislativos, además de una auditoría de la Controlaría en curso, la distribución de multas en Tributación persiste y sigue beneficiando en mayor proporción a la viceministra Marta González y a un grupo selecto de funcionarios.

En lo que va de este año, la viceministra González percibió G. 179 millones en concepto de multas y más de G. 500 millones desde abril de 2015, cuando se introdujeron cambios en la normativa que le permitió incluirse entre los beneficiarios de los cobros extras. La participación de multas a funcionarios de la SET llegaría a US$ 4 millones a fines de este año, y están previstos unos US$ 7,1 millones en el presupuesto del próximo año.