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La reunión se realizó a pedido de la Cámara de Senadores, Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, que habían solicitado al ente regulador una opinión o propuesta de modificación al proyecto de ley “Que establece la obligación de conservar datos de tráfico”.
Se acordó elaborar una normativa que pueda ser de cumplimiento real e irrestricto a fin de coadyuvar en la disminución de la problemática que genera la utilización de los servicios de telecomunicaciones, generando de alguna manera u otra, aspectos ilegales o utilizándose de varias maneras, enfatizó.
Para el Ministerio Público, la tecnología, a pesar de sus beneficios, trajo también conductas antisociales y antijurídicas que pueden causar mucho daño en la sociedad y ya lo está haciendo. En algunos casos se utiliza para perpetrar hechos punibles como, por ejemplo, la pornografía infantil.
De la reunión participaron Eduardo Neri González, titular de Conatel; Óscar Campuzano, director de Conatel; la fiscala de la Unidad de Delitos Informáticos, Irma Llano, y Ramiro Espínola, de la Coordinación Técnica de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.
También estuvieron presentes representantes de empresas prestadoras de internet y telefonía como Copaco, Tigo (Telecel), Personal (Núcleo), Claro (AMX) y Vox (Hola Paraguay), además de Netvisión y Consultronic.