El presupuesto vigente, que es la misma del año pasado luego del veto aplicado al plan aprobado por el Congreso, asciende a más de G. 67,6 billones (US$ 11.784 millones) de acuerdo a las últimas cifras divulgadas hasta agosto del año pasado, monto al cual aún faltan agregar las ampliaciones incluidas hasta diciembre.
El Ejecutivo señala que a través del decreto reglamentario, la ejecución presupuestaria y financiera en la administración pública se encuentra plenamente regulada, por lo que los organismos y entidades del Estado (OEE) deberán ceñir sus procedimientos con base en lo establecido en el citado Decreto 6715.
Aguinaldo extra
Las novedades principales establecidas en la normativa es que suspende el pago de las gratificaciones o aguinaldo extra a los funcionarios aún cuando la ley autoriza a realizar hasta dos pagos, una decisión que ya había tomado el año pasado el Ejecutivo luego de las críticas de la ciudadanía por este beneficio considerado como un despilfarro del dinero que se aporta con los impuestos.
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Además, limita el gasto en servicio de catering (alimentos, bocaditos y bebidas) a no más de G. 500 millones (US$ 87.108 al cambio vigente) anuales, aunque el monto sigue siendo elevado si cada institución dispone de este presupuesto.
También se establece un tope de hasta G. 1.500.000 (US$ 261) para la contratación de seguro médico para funcionarios, teniendo en cuenta que hasta el año pasado existían instituciones que pagaban hasta G. 2 millones mensuales (US$ 348) por el servicio en sanatorios privados, entre ellos los bancos estatales.
El recorte de estos dos últimos gastos –considerados superfluos– es una propuesta que se había aprobado en la Cámara de Senadores en ocasión del estudio del proyecto de presupuesto 2017, teniendo en cuenta el derroche existente en las diversas instituciones públicas.
El recorte incluía seguridad privada, pasajes y viáticos, servicios profesionales, consultorías, entre otros, pero al parecer estas disminuciones no se incorporan en el decreto reglamentario.
Los citados gastos recortados, como seguro médico y servicio de catering, habían quedado sin efecto tras el veto aplicado por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Presupuesto 2017, pero el Ministerio de Hacienda decidió aplicarlo igual al vigente.
Con esta medida, la cartera fiscal busca conciliar con el Senado luego de las fuertes discusiones generadas tras el veto, teniendo en cuenta que el Ejecutivo necesitará modificar el plan de gasto y para ello precisa la aprobación parlamentaria, principalmente en el Senado donde tiene mayoría.