El Gobierno apuesta hasta ahora a una "solución acordada" para el caso de la privatización de Acepar, y las negociaciones están en estos días en el ámbito de la Procuraduría General y del Ministerio de Industria y Comercio, según fuentes de alto nivel cercanas al Poder Ejecutivo consultadas ayer por nuestro diario.
Admitieron que las negociaciones se están haciendo contrarreloj debido a que la privatización de Acepar tendría que completarse el martes 10 de noviembre, para lo cual los compradores deben pagar en estos días la última cuota de alrededor de US$ 5 millones.
Sin embargo, además de la cuota en dólares, existen varias "deudas" pendientes por parte de los compradores, principalmente en lo referido a las cláusulas sobre inversiones, cuidado del medio ambiente y cumplimiento de normativas laborales, que figuran con claridad en el contrato de compraventa y en la Ley 1037/97 (De privatización de Acepar).
Estos puntos han sido comprobados y comunicados en su momento por la Contraloría General, pero para actualizar el relevamiento de la situación, el Consejo de Empresas Públicas contrató en los últimos meses una auditoría extranjera, al parecer con profesionales chilenos.
El informe final fue elevado al presidente de la República, Fernando Lugo, y de ahí el tema fue derivado a Industria y Comercio y a la Procuraduría, que han continuado con las conversaciones con el grupo del cuestionado empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli, actual mandamás de Acepar.
No se entregó nada
Fuentes de la Procuraduría dijeron, por su parte, que el Gobierno no ha entregado nada ni ha renunciado a los objetivos ya adelantados hace unos meses con respecto a las negociaciones con la directiva de Acepar.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo sostiene que Acepar constituye una industria estratégica para el país y por eso exige una participación del Estado con una "acción de oro" que le permita participar en la definición de la política productiva y comercial de la siderúrgica. También reclama acuerdos sobre el pasivo laboral, la posibilidad de seguir auditando la empresa, establecer un plan de recuperación con inversiones programadas y el cumplimiento de lo referido a las cláusulas medioambientales que incluyen la reforestación y el cuidado de los cauces hídricos.
Los datos recogidos indican que hay avances en el diálogo Estado-Tasselli y que se esperan novedades para dentro de dos o tres días, por lo menos sobre eventuales acuerdos parciales antes de que finalice el plazo establecido en el contrato.
En la Procuraduría no se descarta tomar medidas de urgencia, como la de pedir judicialmente la suspensión de los plazos, o en última instancia la de retener las acciones en el Ministerio de Hacienda como garantía y de forma convenida con los directivos de la empresa.
El dinero
Preguntadas si eso significa que por ahora se congelará el pago de la última cuota pendiente de un poco más de US$ 5 millones, las fuentes explicaron que aún no se definió ese asunto, pero que si llegaran a presentar el cheque correspondiente, se podría optar por una recepción condicionada de ese dinero y mantenerlo en ese estado hasta tanto se llegue a una definición de las negociaciones.
Los representantes del Estado creen que no es necesario llegar a una instancia en la que se tenga que reclamar la recuperación de la siderúrgica por incumplimiento del contrato, pero advirtieron que si la fábrica va a seguir en manos de los actuales dueños, se deben cambiar sustancialmente las condiciones empresariales y laborales en la misma.
En todo esto existe también una fuerte presión sindical en reclamo de reivindicaciones laborales, y también de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar (Cootrapar), dueña en los papeles del 33,33% de las acciones, pero que hace tiempo ha sido desplazada de las decisiones de la siderúrgica por el grupo de Tasselli.
Cootrapar pide al Estado que garantice la continuidad de la cooperativa como accionista y, de ser necesario, paralice la privatización.
Graves despojos
La privatización de Acepar ha significado para el Estado graves despojos, ya que el consorcio comprador Cosipar no pagó un solo dólar hasta varios años después de iniciado el proceso. Además, se realizaron dos laudos que terminaron con un generoso descuento de US$ 13,8 millones del precio inicial de US$ 35 millones. Los compradores debían invertir unos US$ 10 millones en la fábrica, pero no lo hicieron y hoy está más deteriorada que nunca.