El documento rubricado en agosto último por el instituto agrario con Tierra de Negocios SA (TNSA) incluye una cláusula en la que esta firma “declara y garantiza al Indert que es dueña legítima de todos los inmuebles objeto del presente acuerdo”. Con esto, la empresa inició los trámites para cobrar la millonaria indemnización por Chino Cue (Itakyry, Alto Paraná), que adquirió en transacciones de dudosa legalidad.
La cláusula añade que “todos los poderes otorgados por los propietarios originales Lai Ching Tuenn y Zuisho Hayashi son válidos y estaban en plena vigencia cuando se formalizaron dichas ventas”. Estos orientales son los dueños iniciales de 1.500 hectáreas y 8.500 hectáreas, respectivamente, adquiridas en 1977 en Itakyry.
En el acuerdo mencionado se hace referencia al poder que supuestamente otorgó el japonés Hayashi en la embajada de Paraguay en Tokio, el 10 de diciembre de 2007, para que el chino Ching Tuenn venda su parte de la propiedad. Sobre este mandato se basó la operación de las tierras que llegó a TNSA en 2008 y que es supuestamente legítima.
Sin embargo, diez días después de la firma en Tokio del mencionado documento, se rubricó otro poder sobre estas mismas tierras en Brasil, específicamente el 20 de diciembre de 2007, según el cual ambos orientales, el japonés y el chino, ceden sus derechos a una tercera persona, para que esta realice transacciones en Paraguay (ver facsímil).
Este segundo mandato fue legalizado por el Consultado y posteriormente registrado, por lo que estaba vigente en el momento de la compraventa de Chino Cue y el anterior estaba caduco, considerando lo establecido en el Código Civil paraguayo en su Sección III, sobre “extinción de mandato”.
Al respecto, el dueño de TNSA, José Marcos Sarabia, dijo que el segundo poder es “trucho”, pero no supo explicar por qué no lo han impugnado ante la justicia.
“Entiendo que el periodismo actúa muy bien en los países democráticos para denunciar lo mal hecho. En este caso, el periodismo debe denunciar este poder, que es una trampa grosera”, agregó el empresario.
Consultado cómo salvaron esta traba jurídica ente la Dirección General de Registros Públicos (DGRP), se limitó a decir: “En la parte legal, la asesoría jurídica puede darte una respuesta. En la parte práctica, la empresa hizo la transferencia (al Indert)”. No obstante, la propiedad aún no está a nombre del ente y se desconoce el motivo, pues no hay versión oficial de la DGRP.
Sarabia es accionista del Grupo Empresarial al que pertenecen conocidas firmas agrícolas, como Agrofértil, Tecnomyl y otras.