Se trata de Esteban Moisés Pereyra González, quien en el listado de funcionarios de Petropar, disponible en la página web de la estatal, figura con el cargo de jefe de planta del turno rotativo, con un salario de G. 6,7 millones que, sumado a los beneficios de antigüedad, responsabilidad en el cargo, “peligrosidad”, entre otros conceptos, tiene un ingreso global de G. 11.740.398.
La sentencia en cuestión, que fue ratificada por un Tribunal de Apelaciones, pero actualmente está a consideración de la Corte –como última instancia del condenado–, resolvió declarar la punibilidad de Pereyra González “por la conducta típica, antijurídica y reprochable en el hecho punible de estafa en calidad de autor, probada en el juicio” y dispone, además, una condena de prisión de tres años y medio.
El caso guarda relación con una camioneta Nissan Patrol que el condenado debía entregar a Carlos Antonio Giménez Riquelme, tras una transacción realizada hace cuatro años, pues el funcionario de Petropar se dedica paralelamente a la compraventa de vehículos.
“He aquí que se observa la conducta dolosa del señor Esteban Pereyra, quien a sabiendas de que la camioneta no contaba con los papeles en regla, ya que la cédula verde nunca le fue entregada, nos hace ver que el mismo actuó de mala fe, induciendo a un error al señor Carlos Giménez, haciendo que este se despoje de la suma de 18.000 dólares americanos a cambio de un vehículo que, si bien se encuentra bajo su posesión, nunca ha podido ser utilizado por no poseer la propiedad sobre el mismo, causando esto un perjuicio patrimonial, ya que ese vehículo no le sirve y es lo mismo que si no lo tuviera en la práctica”, explica parte del documento.
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Dice que es víctima
Al respecto, el funcionario público explicó a ABC que este proceso penal fue puesto a conocimiento de las autoridades de Petropar, pese a tratarse de un caso que no se relaciona con su función en la estatal. Agregó que hace 19 años ingresó a la institución a través de un concurso de oposición y que por el mismo mecanismo accedió a la jefatura. “Yo estoy siendo víctima de este juicio. Es un proceso muy injusto, porque mi contraparte, que es una persona de mucho peso, tiene en su poder la camioneta. Yo soy una persona intachable y estoy siendo muy perjudicado por esta situación”, señaló.
No obstante, independientemente a las apreciaciones de Pereyra, la ley de la Función Pública indica en su artículo 42, que cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso, y que si hubiese sido absuelto o sobreseído definitivamente, debe ser repuesto en el cargo que desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente.
En este caso, la actual administración de Petropar, presidida por Eddie Jara, mantuvo en su cargo al jefe de área contrariamente a lo que indica la Ley 1626.
En conversación con este diario, Jara reconoció que está en conocimiento del proceso de Pereyra, pues este le informó al respecto y alegó que él también fue engañado en su buena fe en la transacción de una camioneta.
Respecto a la transgresión a la ley de la Función Pública, dijo que según parecer de abogados, “no había motivos para ser apartado del cargo”, más aún considerando que la persona “está haciendo un buen trabajo”. Aunque al señalársele lo que dice taxativamente el Art. 42, respondió que pedirá nuevamente a la asesoría jurídica que revise el caso.