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Los empresarios brasileños hoy condenados por corrupción, y que en 2014 fueron adjudicados para las obras de Yguazú, se encontraban ya entonces “con un pie en la cárcel” y apuntaban a copar el mercado de obras públicas de Paraguay.

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Según la prensa brasileña, importantes constructoras estaban implicadas en el esquema de la sobrefacturación de obras a Petrobras, que además servía para evasión de divisas, evasión impositiva y lavado de dinero, con base en millonarios sobornos pagados a directivos de la petrolera para la que ejecutaron varias obras sobrefacturadas. Entre las empresas constructoras que habrían participado en un supuesto esquema de corrupción en Brasil se encuentra Camargo Correa y uno de sus directivos, Julio Correa, habría admitido ante la justicia que pagaron coimas a dos directivos de Petrobras, por 154 millones de reales.

La firma Camargo Correa, asociada en Paraguay con la constructora Fernando Talavera-Ortellado, fue la única oferente para las obras civiles y maquinización de la represa del Yguazú lote 2, con una oferta de US$ 252.705.195, luego de que ANDE descalificara al consorcio Hydrochina-Tecnoedil cuyo precio era de US$ 188.992.551, que al sobrepasar en US$ 72.000.000 la previsión oficial, hubiese obligado al ente estatal a solicitar nuevas líneas de créditos. Según la prensa brasilera, la firma Camargo Correa estaría ligada a escándalos de corrupción en varios países del mundo, mencionando que en Perú había financiado parte de la campaña de Alejandro Toledo. Inmediatamente después, la brasileña fue adjudicada con un contrato de obras públicas por US$ 600 millones, para la segunda etapa de un tren eléctrico.

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