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La principal deudora de la petrolera estatal, en la administración central del Gobierno es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con G. 11.723.883.343 (US$ 2.845.602), seguido por el Regimiento Guardia Presidencia con G. 349.105.288 y la Policía Nacional con G. 80.709.214. Cabe recordar que el MOPC normalmente no honra su pasivo con la petrolera estatal y aún así le sigue proveyendo los derivados de petróleo.
Todo esto sin considerar aún la multimillonaria deuda que mantiene con Petropar la Industria Nacional del Cemento (INC) por la provisión de fueloíl, lo que desató a la vez una serie de negociados en los operativos de compra, mediante el acuerdo arribado entre Petropar e INC para que la petrolera concrete y pague por el combustible utilizado por la cementera estatal. Tampoco aquí se citan las otras millonarias deudas que mantienen con Petropar varias firmas privadas y hasta personas físicas, concedidas prácticamente sin mayores problemas, por la administración de Sergio Escobar Amarilla.
Resulta inconcebible que una empresa en quiebra técnica como Petropar, que dejará al próximo gobierno una deuda de corto plazo de US$ 397 millones y que además mantiene un capital de giro deficitario de US$ 209 millones, realice este tipo de operaciones en detrimento de sus propias finanzas. Capital de giro negativo quiere decir que no posee efectivo para honrar su pasivo.
Cinco mayores proveedores
La referida auditoría igualmente revela que los mayores cinco proveedores de la petrolera estatal son Monte Alegre SA, River Par SA, Mercopar SACI, Risco Lab SA e Engineering. En muchas de estas operaciones se denunciaron groseras irregularidades.