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“Es una vergüenza lo que pretenden”, dice Morábito

Este artículo tiene 11 años de antigüedad

El vicepresidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Esteban Morábito, aseveró ayer que “es una pena y una verdadera vergüenza” que en Paraguay las reglas del juego no puedan perdurar, al criticar la intención del Senado de modificar la Ley de las APP.

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Afirmó que los parlamentarios, específicamente los senadores, que legalmente son los “representantes del pueblo”, una vez más son los protagonistas y causantes de una grave inestabilidad política y jurídica, que siembra incertidumbre en los potenciales inversores, sean estos nacionales como internacionales.

En ese sentido, condenó la instrumentación de la que son objeto actualmente los campesinos paraguayos, supuestos agricultores, “quienes son los que más necesitan” de infraestructura básica. “A ellos les conviene tener caminos de todo tiempo, rutas pavimentadas y puentes, para que puedan sacar en el menor tiempo y costo posibles sus cosechas”, expresó el dirigente empresarial.

Lamentó que este sector, que está siendo manipulado por razones ideológicas o sectarias, no haya llegado a entender y comprender la importancia de esta ley, puesto que sería uno de los mayores beneficiados de la misma y con la cual, precisamente, se puede hacer todo tipo de infraestructuras, sin seguir endeudando al Paraguay, que finalmente todos terminamos pagando.

Morábito resaltó que el costo y el daño de esta “lamentable situación” son realmente incalculables, puesto que mantiene al país en el atraso y, en el peor de los casos, empeora la pauperización de la población, sobre todo en el interior del país. “Hace pocos años, yo llegaba a nuestra planta industrial (de Maahsa) en Itauguá en alrededor de 25 minutos, actualmente estoy llegando en una hora y media. Así uno puede darse cuenta de lo grave de la situación existente, que cada día que pasa tiende a empeorar”, manifestó finalmente Morábito.

 Precisamente, campesinos y activistas se mantienen “movilizados” en todo el país hace 10 días, y exigen que se derogue la Ley N° 5102/13, de Alianza Público-Privada (APP) así como la “desmilitarización”.

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