De acuerdo con el reclamo en cuestión, el pliego exige un tipo específico de tecnología, hecho que direcciona el proceso hacia la única proveedora. Se trata de un producto fabricado en Canadá y EE.UU., que representa la firma TSV SA (Tecnología de Servicio y Vigilancia, liderada por Pablo Salinas.

Cuando se conoció esta irregularidad, en la Conatel argumentaron que los técnicos del Ministerio del Interior habían solicitado la tecnología FDM. No quieren experimentar con las híbridas, porque hay riesgo de que al integrar, algunas funcionalidades se pierdan, justificaron.

La Oficina Anticorrupción, a cargo de la abogada Domitila Brizuela, abrió la investigación a principios de diciembre, tras recibir la denuncia contra el direccionamiento del pliego. El 22 de diciembre venció el plazo para entregar su informe.

La licitación de G. 18.700 millones prevé la instalación y puesta en funcionamiento de 173 cámaras en cinco ciudades: Ciudad del Este (60), Encarnación (60), San Ignacio (30), Coronel Oviedo (15) y Caaguazú (8). Las cámaras deben permitir reconocimiento facial y las chapas de vehículos.

Financia la compra el Fondo de Servicios Universales (FSU) de Conatel.