Óscar Lovera, director general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda , dijo en una entrevista con ABC Cardinal que se encuentran abocados en dar los últimos ajustes a la referida reglamentación y alegó que el trabajo es intenso, considerando que es la primera vez que se veta un presupuesto.
“Estamos viendo los mecanismos necesarios para que el Estado no pare. De hecho, lo que estamos garantizando con el Ministerio de Hacienda es que el proceso de las funciones propias del Estado no se vean afectadas con el veto”, apuntó Lovera.
Una de las acciones que ya tendrá lugar esta semana es, por ejemplo, el pago la deuda flotante, que alcanza unos G. 2,23 billones. Lovera refirió que toda la deuda que hay a ese nivel se pagará en enero, de modo que esto vaya generando ya actividad económica desde inicios del año. Pero, el monto que se pedirá al Banco Central del Paraguay aún no se definió porque además de la deuda flotante también se incorporaron otros pagos que requieren urgencia. La ley obliga a devolver el adelanto que se reciba del BCP antes de finalizar el ejercicio.
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Por el hecho de que es la primera vez que un presupuesto es vetado en su totalidad, rige la réplica de lo que fue el año anterior, o sea la del 2016, que en su estructura es muy diferente al que se planteó para el presente ejercicio.
Por ejemplo, la estructura de salarios que están anexados al sueldo mínimo, necesariamente requerirá una ampliación presupuestaria para adecuarse a las nuevas normativas. No así, el aumento salarial que fue aprobado en el Presupuesto 2017, ya que el mismo fue vetado, y al quedar vigente el del 2016, este no contemplaba ajustes para ningún sector, explicó Lovera.
Con respecto a las obras de infraestructura, dijo que los créditos aplicados a los diferentes proyectos serán reprogramados conforme a la situación actual de dichas obras, a fin de que las mismas no se detengan y sigan su curso normal.
Según Lovera, Hacienda está habilitado a hacer estos procedimientos de ajustes vía decreto o incluso o resolución, por lo que no se requiere autorización del Congreso. Lo mismo se aplica para la emisión de bonos.